La inteligencia artificial (IA) ofrece a los profesionales del derecho una capacidad sin precedentes para acceder a vastos volúmenes de información jurídica rápidamente. Sin embargo, la habilidad para encontrar un documento legal no se equipara con la comprensión de su verdadero significado y el criterio judicial subyacente. Este es el principal reto que la IA plantea en la investigación jurídica, donde la correcta interpretación de las decisiones judiciales sigue siendo crucial para evitar errores sustanciales.
En cuestión de segundos, una herramienta de inteligencia artificial puede ubicar leyes, veredictos y textos legales a partir de una consulta formulada en lenguaje común. Para los juristas y estudiantes de derecho, esta capacidad representa una forma novedosa de interactuar con grandes cantidades de datos jurídicos. No obstante, hallar una resolución judicial ligada a un caso no implica necesariamente entender lo que realmente estableció el tribunal. Este es uno de los desafíos fundamentales que presenta el empleo de la IA en la exploración legal: una utilidad puede identificar un documento aparentemente pertinente y, al mismo tiempo, equivocarse al determinar cuál fue el criterio que finalmente fundamentó la decisión. El abogado Carlos Peña, consultado para este informe, alerta justamente sobre este riesgo. Según expuso, las herramientas de IA podrían tener dificultades para diferenciar la estructura interna de una sentencia y llegar a presentar como doctrina legal un criterio que, en realidad, expone lo opuesto. La advertencia cobra particular relevancia al diferenciar entre la ratio decidendi, es decir, el fundamento esencial de una determinación judicial, y el obiter dictum, que incluye consideraciones que no constituyen forzosamente la razón principal del fallo. Por consiguiente, la cuestión ya no es únicamente si la inteligencia artificial puede hallar un veredicto. El verdadero reto radica en establecer si puede identificar e interpretar correctamente el principio jurídico que dicho veredicto establece.
Para Peña, uno de los inconvenientes más significativos se relaciona con la distinción entre la ratio decidendi, el fundamento principal que sostiene la resolución, y el obiter dictum, que abarca reflexiones hechas por el tribunal que no son necesariamente la causa determinante del juicio. El abogado también previene sobre otro posible error: que una utilidad mencione la resolución que fue impugnada como si fuera el criterio jurisprudencial definitivo, cuando posteriormente la decisión de casación pudo haber fijado una postura diferente. Esta advertencia adquiere especial importancia en un sistema donde la jurisprudencia constituye un elemento esencial para la investigación legal. El propio Poder Judicial mantiene una plataforma oficial de consulta donde se pueden revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de manera consolidada desde 1910 hasta el presente, además de los boletines judiciales y otros criterios de búsqueda. En una publicación sobre sus principales decisiones de septiembre a diciembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia resaltó precisamente el interés casacional como un mecanismo diseñado para asegurar la interpretación uniforme de la ley, armonizar criterios entre juzgados y consolidar la coherencia del sistema judicial. Esto significa que, en la investigación jurídica, no es suficiente con localizar una resolución que parezca vinculada a un caso. También es imprescindible verificar qué órgano la emitió, en qué contexto, qué resolvió realmente y cuál fue el soporte jurídico de esa decisión.
Mientras abogados y estudiantes debaten los límites de estas herramientas, las instituciones judiciales dominicanas ya han comenzado a incorporarlas. El Poder Judicial comunicó en julio de 2026 que implementó un proyecto piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en áreas administrativas y de apoyo a los tribunales. Según la institución, la herramienta se emplea para automatizar labores repetitivas, respaldar la redacción legal y acelerar el análisis de información jurídica mediante consultas inteligentes. El Poder Judicial indica, además, que estas iniciativas operan bajo principios de seguridad, gobernanza tecnológica, protección de la información judicial, trazabilidad y supervisión humana. La institución también informó sobre utilidades para resumir casos y documentos, efectuar búsquedas inteligentes dentro de expedientes, transformar documentos escaneados en texto y anonimizar datos sensibles. El enfoque oficial, por lo tanto, no plantea que la tecnología reemplace la función jurisdiccional. Por el contrario, el Poder Judicial asevera que la IA debe funcionar como un instrumento de apoyo al trabajo judicial, conservando el control humano.
El Tribunal Constitucional también ha desarrollado herramientas de IA. Desde 2023, el Tribunal Constitucional dispone de un Laboratorio de Inteligencia Constitucional, una iniciativa que incluye un asistente virtual llamado “Patria”, mejoras en los sistemas de búsqueda de jurisprudencia y una plataforma para centralizar información vinculada a la actividad del tribunal. Actualmente, el propio Tribunal explica que “Patria” utiliza procesamiento de lenguaje natural y que su conocimiento está restringido a la información gestionada por el tribunal, sin emplear internet para su entrenamiento. La institución señala que los datos incorporados son cargados mediante protocolos de seguridad por personal autorizado. El desarrollo de estas herramientas demuestra que el debate sobre IA y Derecho en República Dominicana ya no pertenece exclusivamente al ámbito académico o tecnológico: las propias instituciones que generan y administran información jurídica están experimentando con ella.
En 2024, el magistrado del Tribunal Constitucional Amaury A. Reyes Torres ya había advertido sobre los peligros de utilizar de forma incorrecta la inteligencia artificial dentro del sistema judicial. Durante un encuentro de tribunales constitucionales de América Latina y el Caribe, Reyes Torres indicó que las denominadas “alucinaciones” y los sesgos de los sistemas de IA pueden afectar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. También sostuvo que estas utilidades carecen de inteligencia crítica o reflexiva y que deben ser empleadas con especial precaución. En esa ocasión, el magistrado consideró que la IA podría tener aplicaciones provechosas en tareas como el tratamiento de precedentes, el trámite documental y la consulta de jurisprudencia, pero insistió en la necesidad de una revisión minuciosa de sus resultados. Esta postura concuerda parcialmente con la experiencia expuesta por Carlos Peña, aunque desde la práctica privada. “Toda información jurídica obtenida mediante IA debe ser verificada directamente en la fuente original”, afirmó Peña. A su juicio, la herramienta puede confundir la ratio decidendi con el obiter dictum o presentar como criterio jurisprudencial una decisión que posteriormente fue modificada o contradicha por el tribunal competente.
Frente a la posibilidad de que una IA proporcione un veredicto o fundamento jurídico incorrecto, Peña sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien emplea la herramienta, dado que esa persona es quien tiene a su cargo la elaboración del documento. La posición sitúa el debate en un punto fundamental: utilizar inteligencia artificial no elimina la responsabilidad profesional de quien firma, presenta o utiliza el resultado. En otras palabras, la herramienta puede asistir en la búsqueda, organización o procesamiento de información, pero la decisión de incorporar determinado argumento jurídico en un documento sigue siendo del profesional. Esta idea coincide con el enfoque institucional adoptado por el Poder Judicial, que ha señalado que la incorporación de IA debe mantener el control humano y no reemplazar la función jurisdiccional ni el criterio de quienes ejercen esa función.
La República Dominicana cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), lanzada el 12 de octubre de 2023, que contempla aspectos relacionados con la ética, la privacidad, la protección de datos, la responsabilidad y la transparencia en el uso de esta tecnología. El documento también propone mecanismos para evaluar las aplicaciones de IA en diversos sectores y estudiar posibles vías regulatorias. Además, en junio de 2026, el Poder Judicial informó que recibió una misión de asistencia técnica de la Unión Europea para analizar la legislación vigente frente a los desafíos relacionados con la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. La institución indicó que los trabajos incluyen temas como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y deepfakes, así como la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley sobre delitos cometidos mediante sistemas de IA. Sin embargo, Carlos Peña mantiene una postura distinta respecto a la necesidad de establecer normativas específicas para el uso de IA en la abogacía. El abogado considera que una regulación de este tipo podría afectar la competencia y el desarrollo de la tecnología. Su posición representa una opinión profesional dentro de un debate que todavía se encuentra en evolución.
Peña señala que ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, pero principalmente para corregir la gramática de sus textos y verificar que no haya dejado ideas inconclusas. Para la investigación legal, afirma preferir trabajar con una base de datos propia y herramientas que permitan analizar documentos previamente seleccionados. Su respuesta refleja una diferencia importante entre emplear IA para asistir en tareas mecánicas o de redacción y utilizarla para construir el razonamiento jurídico de un caso. Ante la pregunta sobre qué aspectos de la investigación legal todavía requieren necesariamente el criterio de un abogado, su respuesta fue categórica: “Todos”. El planteamiento también encuentra respaldo en la postura expresada por representantes del Tribunal Constitucional. En un conversatorio realizado en 2023 sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega sostuvo que, aunque la justicia puede beneficiarse de la tecnología, en la función de juzgar sigue siendo necesaria la evaluación y valoración humana.
Por un lado, las herramientas tecnológicas pueden facilitar el acceso a grandes volúmenes de información y reducir el tiempo necesario para localizar documentos. Por otro, la celeridad para encontrar información no garantiza que esa información haya sido correctamente interpretada. La experiencia institucional dominicana demuestra que la IA ya se está utilizando como apoyo para la gestión judicial y la consulta de información. Pero las advertencias provenientes del propio sistema de justicia y la experiencia del abogado entrevistado apuntan hacia una misma necesidad: mantener la revisión humana. Para un abogado, una cita jurisprudencial incorrecta no es simplemente un error de búsqueda. Puede modificar el sentido de un argumento jurídico. Por eso, mientras la inteligencia artificial continúa incorporándose al Derecho dominicano, una regla práctica permanece vigente: la fuente original sigue siendo el punto de comprobación.
