Los acusados en el expediente Senasa 2.0-A aguardan la resolución judicial sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Tras varias sesiones de debate entre la fiscalía y las defensas, la decisión del juez es inminente. El Ministerio Público ha requerido 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja para quienes no alcanzaron acuerdos.
Los involucrados en el caso Senasa 2.0-A conocerán este domingo la determinación respecto a la solicitud de medidas coercitivas, luego de varias jornadas dedicadas a la exposición de argumentos, refutaciones y contrarréplicas entre la parte acusadora y los abogados defensores. Es importante recordar que el Ministerio Público ha pedido 18 meses de reclusión preventiva y la declaración de complejidad del procedimiento judicial para los acusados que no llegaron a pactos con la entidad persecutora. Ahora, corresponde al magistrado evaluar las justificaciones y las pruebas aportadas antes de pronunciar su veredicto.
La Fiscalía exige 18 meses de encarcelamiento preventivo para los 26 implicados y que el proceso se considere de tramitación compleja. La imputación está detallada en un expediente de 525 páginas, donde el Ministerio Público describe las acciones que, según su investigación, habrían permitido el uso de información de afiliados de Senasa para gestionar autorizaciones y luego facturar tratamientos médicos que los beneficiarios presuntamente no recibieron. El organismo persecutor afirma que la supuesta trama habría causado un daño económico superior a los RD$41 millones.
Otro aspecto que ha marcado el desarrollo del proceso es la declaración de la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, quien aseguró que 10 de los 26 acusados reconocieron las imputaciones que les atribuye el Ministerio Público. Ortiz también comunicó que algunos de los procesados que han manifestado intención de testificar estarían en negociaciones con el Ministerio Público, lo que eventualmente podría resultar en solicitudes de modificación de las medidas para ciertos imputados. Sin embargo, las posturas de los acusados no son uniformes: mientras algunos han aceptado los cargos, otros mantienen su rechazo a las acusaciones y sus defensores han argumentado su inocencia o cuestionado las evidencias presentadas por la Fiscalía.
