Una nueva propuesta de ley ha sido depositada, buscando establecer un marco legal claro para la administración de concesiones de bienes, servicios y obras públicas. La iniciativa, que contempla períodos de hasta 40 años, pretende asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos estatales. Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de proyectos con inversión privada, sin requerir necesariamente un aporte directo del Estado, e introduce un sistema de sanciones para garantizar el cumplimiento.
Una iniciativa legislativa sobre Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas busca establecer un marco legal para la asignación, ejecución y supervisión de permisos estatales. Su meta es asegurar la transparencia, eficiencia y una adecuada administración de los fondos públicos. En el contexto de esta actividad, se encontraba presente el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La propuesta pretende crear un esquema intermedio entre la contratación estatal habitual y las asociaciones público-privadas, permitiendo el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios a través de capital privado, sin que el gobierno deba aportar necesariamente activos o fondos.
El proyecto prevé la creación de un Sistema Nacional de Concesiones Públicas. Este estaría compuesto por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo Nacional de Concesiones, la Dirección Técnica de Concesiones y otras entidades relacionadas con estos procedimientos. Adicionalmente, se plantea la creación de un Registro Nacional de Concesionarios del Estado y un régimen de restricciones e impedimentos para evitar conflictos de interés, corrupción y prácticas que afecten la competencia justa.
La elección de los concesionarios se llevaría a cabo mediante un proceso de licitación pública, que podría ser nacional o internacional. Este proceso incluiría requisitos de participación, criterios de evaluación, garantías y mecanismos de supervisión previamente definidos. Los acuerdos tendrían una vigencia de cinco a cuarenta años, con restricciones en las prórrogas y una prohibición explícita de renovación automática. También deberán detallar las inversiones, las tarifas, la distribución de riesgos y las condiciones para su modificación o terminación.
La propuesta también contempla la posibilidad de que individuos o empresas presenten proyectos de interés público que no requieran aportes del sector público. Sin embargo, esta modalidad no garantizaría una adjudicación directa. Finalmente, el proyecto de ley establece penalizaciones por infracciones leves, graves y muy graves, que podrían incluir multas, la ejecución de garantías e inhabilitación temporal.
