El reciente aumento en las tarifas del marbete para el período 2026-2027 ha generado un debate entre economistas dominicanos, quienes expresan puntos de vista contrastantes sobre sus efectos. Mientras algunos lo consideran una medida fiscal razonable, otros advierten sobre una carga adicional para las familias y empresas, así como cuestionan la justificación del ajuste. Las nuevas tarifas, establecidas por la DGII, implican incrementos notables para los conductores.
En Santo Domingo, el incremento de los costos del marbete para el lapso 2026-2027 ha provocado opiniones diversas entre los expertos económicos de la República Dominicana. Sus puntos de vista difieren sobre cómo esta disposición afectará los recursos de los conductores, las empresas y los usuarios del transporte público, además de la validez del ajuste implementado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Mientras la economista Siddy Roques ve con buenos ojos el alza, argumentando que es un pago anual, Nicolás Jiménez alerta que esto representa un peso adicional para los hogares y las compañías. Por su parte, Haivanjoe Ng Cortiñas critica que el Gobierno use la inflación como motivo para elevar los impuestos sin aplicar el mismo criterio al poder de compra de los ciudadanos.
Los nuevos montos, establecidos mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, fijan el pago en RD$2,000 para vehículos fabricados hasta el año 2021 y RD$4,000 para los modelos a partir de 2022. Esto significa un aumento de RD$500 y RD$1,000, respectivamente, para los vehículos que mantienen sus clasificaciones anteriores.
Roques respaldó la decisión, argumentando que la suma debe evaluarse considerando que se abona una única vez al año, y no cada mes. “Considero esta medida como algo positivo, porque se paga anualmente, no mensualmente”, enfatizó. La economista sostuvo que los propietarios de automóviles modernos o de lujo pueden afrontar este compromiso financiero sin que represente una dificultad significativa. Asimismo, señaló que los impuestos son herramientas de recaudación que los gobiernos utilizan para obtener ingresos. “Si lo analizamos desde una perspectiva económica, su verdadero propósito es colectar dinero. Y no lo veo mal”, afirmó.
Respecto a la posibilidad de que el incremento cause demoras en la renovación, Roques descartó que los dueños de vehículos de mayor valor dejen de cumplir con el pago debido al monto establecido.
En contraste, el economista Nicolás Jiménez consideró la medida como perjudicial para la población y el sector empresarial, argumentando que implica un gasto adicional para quienes emplean vehículos personales o de trabajo. Jiménez explicó que el aumento también tiene repercusiones en las compañías que poseen flotas de vehículos, ya que deberán incorporar las nuevas tarifas a sus presupuestos operativos. “Para las empresas con flotas de vehículos, esto conlleva un costo que deben incluir en su presupuesto y que, por ende, impacta sus resultados”, afirmó.
El experto expresó inquietud por las posibles consecuencias en el transporte público, ante la posibilidad de que los operadores trasladen parte del incremento de sus gastos a las tarifas que pagan los pasajeros. También indicó que el Estado debe asegurar un proceso de renovación eficaz y bien planificado, para que los contribuyentes no enfrenten contratiempos adicionales al momento de adquirir el marbete. Jiménez vinculó el ajuste con la necesidad del Gobierno de fortalecer sus ingresos de cara al presupuesto de 2027, aunque insistió en que cualquier cambio tributario debe considerar sus efectos económicos. Al ser consultado sobre su opinión de la medida, respondió: “De forma negativa. Es negativo para la gente y para las propias empresas”.
A estas posturas se unió el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, quien preside la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Él cuestionó el razonamiento empleado por la DGII para justificar el aumento. Según explicó, la institución tomó como referencia una inflación acumulada del 58.1 % entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026, un período en el que las tarifas nominales del impuesto no sufrieron modificaciones.
Ng Cortiñas reconoció que mantener un impuesto sin cambios durante una década puede justificar una revisión y que la DGII no aplicó la totalidad de la inflación acumulada, lo que habría elevado las tarifas a RD$2,372 y RD$4,743. Sin embargo, criticó que el mismo criterio de actualización no se aplique a los ingresos de los trabajadores dominicanos. “Si el Gobierno reconoce que la inflación ha disminuido el valor real del marbete y utiliza ese argumento para cobrar más, también debe reconocer que esa misma inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los dominicanos. La inflación no puede ser un mecanismo de indexación unilateral por parte del Estado”, manifestó.
El economista también advirtió que el cobro mediante montos fijos puede resultar regresivo, ya que representa una proporción mayor del valor de los vehículos más económicos. Como ejemplo, señaló que un automóvil usado valorado en RD$400,000 pagaría RD$2,000, equivalente al 0.5 % de su valor, mientras que uno fabricado en 2021 y valorado en RD$5 millones pagaría el 0.04 %. Ng Cortiñas sostuvo que esta estructura de cobro puede afectar proporcionalmente más a trabajadores autónomos, comerciantes, pequeños empresarios y conductores que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo.
La DGII, por su parte, argumenta que el ajuste responde a la necesidad de actualizar tarifas que permanecían sin cambios desde 2016, considerando la inflación acumulada y la sostenibilidad de las recaudaciones. El proceso de renovación del marbete comenzó este jueves 29 de octubre y estará disponible hasta el 31 de enero de 2027.
