El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha solicitado al Congreso Nacional la rápida aprobación de un proyecto de ley que busca postergar por dos años la aplicación de las normativas del artículo 31 del Código Penal dominicano, que tratan sobre la responsabilidad penal de las entidades jurídicas. Esta medida, ya avalada por el Senado, busca otorgar a las empresas el tiempo necesario para adaptarse a las nuevas exigencias legales antes de su entrada en vigor el 5 de noviembre.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) hizo un llamado este domingo al Congreso Nacional para acelerar la ratificación del proyecto de ley que propone posponer por dos años la implementación de las regulaciones del artículo 31 del Código Penal dominicano, relativas a la imputabilidad criminal de las organizaciones.
La propuesta, impulsada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarada de urgencia y recibió el visto bueno del Senado el 21 de octubre. No obstante, aún requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y la sanción del Poder Ejecutivo.
En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Conep elogió la aprobación de la iniciativa y solicitó continuar con el proceso legislativo antes del 5 de noviembre, fecha prevista para la entrada en vigor de las disposiciones.
El Conep argumentó que la extensión del plazo permitiría a las compañías y entidades ajustar sus estructuras, normativas y procedimientos internos a las nuevas demandas legales, así como desarrollar programas de cumplimiento, sistemas de control interno, canales de denuncia y políticas de prevención.
La organización indicó que también sería fundamental avanzar en la capacitación de los profesionales del sistema judicial y en la formulación de criterios institucionales que posibiliten una aplicación uniforme y previsible del marco de responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, sostuvo que la implementación de estas regulaciones debe considerar la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada organización, mediante criterios claros de atribución y estándares objetivos para evaluar sus programas de cumplimiento.
En este contexto, el gremio empresarial solicitó al presidente del Senado impulsar el envío de la iniciativa a la Cámara de Diputados y a su titular darle curso tan pronto sea recibida, con el objetivo de completar su aprobación y posterior promulgación antes del 5 de noviembre.
