La directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, ha declarado que 111 hospitales públicos en la República Dominicana operan sin ningún tipo de endeudamiento. Esta revelación se hizo durante un evento liderado por el presidente Luis Abinader, enfocado en robustecer la transparencia y evitar la corrupción en el ámbito de la salud. La funcionaria enfatizó la relevancia de la autonomía económica y la buena gestión financiera en estas instituciones.
La titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, comunicó que 111 centros de salud estatales de la República Dominicana carecen de pasivos económicos. Esta afirmación tuvo lugar en una ceremonia presidida por el mandatario Luis Abinader, cuyo objetivo era potenciar la claridad y prevenir prácticas corruptas en la administración del sector sanitario. "No registran deudas, señor presidente", manifestó Ortiz Bosch al referirse a los 111 establecimientos hospitalarios. La funcionaria resaltó la trascendencia de la independencia económica y la gestión prudente de los fondos en los hospitales públicos, principios que relacionó con las normativas legales que rigen el sistema de salud y la previsión social.
Las declaraciones surgieron durante la rúbrica de un pacto entre dieciséis entidades del sector salud y la seguridad social, encabezado por el presidente Abinader, con la finalidad de reforzar los mecanismos de supervisión interna, las políticas de ética y los sistemas de control. El convenio fue firmado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y representantes de las organizaciones involucradas, buscando prevenir irregularidades en el manejo de los recursos del erario. Durante su alocución, Ortiz Bosch explicó que el compromiso con la probidad institucional es parte de un proceso que se inicia con la toma de juramento de los funcionarios y se extiende a los ministerios y demás dependencias del Estado.
La directora de la DIGEIG también subrayó la colaboración conjunta de las instituciones del ámbito sanitario en esta iniciativa y destacó la importancia de proseguir los esfuerzos para fortalecer la integridad en la gestión pública. El acuerdo contempla acciones destinadas a identificar riesgos de corrupción, mejorar los controles y auditorías, establecer vías para denuncias y capacitar al personal de las instituciones participantes.
