El Ministerio Público y la Regional 08 de Educación en Santiago han establecido una colaboración estratégica para combatir el consumo de vapeadores y otras sustancias en las escuelas. Esta iniciativa, parte de una mesa de coordinación regional, busca salvaguardar a la niñez y adolescencia, involucrando a la comunidad educativa y reforzando la aplicación de normativas vigentes.
En Santiago, el Ministerio Público y la Regional 08 del Ministerio de Educación llevaron a cabo un encuentro para organizar estrategias destinadas a evitar el consumo de cigarrillos electrónicos y otras sustancias que alteran la mente en los planteles educativos de la ciudad. El objetivo principal es fortalecer la protección de infantes y adolescentes. Esta reunión se enmarca dentro de las actividades de la Mesa de Coordinación de Políticas Públicas para la Disminución de la Demanda de Sustancias Psicoactivas en Santiago, la cual es liderada por la sección norte del Consejo Nacional de Drogas (CND).
El evento contó con la presencia del procurador general de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann; la procuradora de Corte Antia Beato; la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, María Dolores Rojas; la directora del Departamento contra Narcóticos de la Fiscalía de Santiago, Rómely Blanco, y el director de la Regional 08 de Educación, Pedro Pablo Marte.
Según lo comunicado por el Ministerio Público, esta iniciativa tiene como propósito robustecer la colaboración con las escuelas y sus colectivos educativos, incluyendo las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae). Las autoridades consideran fundamental aumentar la implicación de los centros educativos en las labores de prevención y en la implementación de las regulaciones que controlan el uso de sustancias dentro de las instituciones escolares.
El organismo recordó que la Ordenanza 01-2005 establece prohibiciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas y productos que producen humo en los centros educativos y sus inmediaciones. También se mencionó como parte del marco legal la Ley 136-03, referente a la protección de niños, niñas y adolescentes, y la Ley General de Educación 66-97.
La mesa de coordinación congrega a representantes de más de doce organismos públicos y agrupaciones sociales. Entre ellos se encuentran la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la Policía Escolar, la Alcaldía de Santiago y el Ministerio de Industria y Comercio. También participan organizaciones comunitarias y entidades dedicadas a la prevención y rehabilitación, como Casa Abierta, Hogar Crea y el Centro de Rehabilitación Hermanos Unidos en Cristo (CHUEC).
El Ministerio Público enfatizó que el consumo de cigarrillos electrónicos representa una inquietud para las autoridades debido a sus posibles repercusiones en la salud de niños y adolescentes. Como parte de sus funciones preventivas, la Fiscalía de Santiago efectúa anualmente cientos de charlas y conferencias en planteles educativos y comunidades, con el fin de informar sobre los peligros asociados al consumo de vapeadores y otras sustancias. Con esta coordinación, las instituciones buscan expandir las actividades de prevención, fomentar el cumplimiento de las normativas escolares y fortalecer la participación de padres, docentes y estudiantes.
