La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva para siete de los ocho implicados en el caso Senasa 2.0-A, tras una extensa audiencia. Sin embargo, se concedió arresto domiciliario con grillete electrónico a Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez. Este dictamen se produce luego de que las defensas intentaran revocar las medidas cautelares impuestas a sus representados.
SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este miércoles la reclusión en prisión para siete de los ocho individuos acusados en el expediente Senasa 2.0-A. Asimismo, ordenó el arresto domiciliario para Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, al término de una sesión judicial que se extendió por cerca de diez horas.
La resolución puso fin a una jornada en la que los abogados defensores se presentaron ante el tribunal con el objetivo de anular la medida de prisión preventiva dictada a sus clientes y conseguir su liberación mientras el proceso judicial sigue su curso. No obstante, la Corte únicamente aceptó uno de los recursos, el correspondiente a De la Rosa, a quien también se le impuso el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Los recursos fueron presentados por Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Elsa de la Rosa, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar. Los ocho buscaban que el tribunal de segunda instancia revisara la determinación del juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien les había impuesto prisión preventiva.
La audiencia concentró durante gran parte del día las intervenciones de los abogados de los encausados y la representación del Ministerio Público, que defendió la continuidad de las medidas cautelares. El equipo acusador fue liderado por el procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, junto a las fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.
Durante la jornada, también se escucharon argumentos a favor de que los imputados permanecieran bajo prisión preventiva. Miguel Surún Hernández, representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, sostuvo que existían pruebas suficientes para mantener la disposición impuesta a los procesados.
Después de escuchar las exposiciones de todas las partes, las magistradas Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández rechazaron siete apelaciones y acogieron parcialmente la solicitud de Elsa de la Rosa. La modificación no implicó su liberación, sino el cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario, acompañado de supervisión electrónica.
Camacho destaca admisión de los hechos
Al finalizar la audiencia, Wilson Camacho explicó que el tribunal había desestimado todos los recursos de las defensas, a excepción del de De la Rosa. El funcionario hizo hincapié en que, según sus palabras, la imputada reconoció ante las juezas los sucesos que se le atribuyen, a pesar de haberlos negado en otras ocasiones.
“Sobre ese recurso hay que señalar que la imputada admitió los hechos en el tribunal, o sea, admitió los hechos que había cometido y que había negado en otras instancias”, manifestó al responder a los periodistas. El director de Persecución precisó que De la Rosa continuará sujeta a una medida restrictiva de libertad, aunque ahora deberá cumplirla en su residencia y bajo las condiciones establecidas por la Corte.
Los siete que continuarán en prisión
Con la decisión, permanecerán en prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar.
Para las defensas, el resultado representa el rechazo de la mayoría de sus peticiones para obtener una medida menos restrictiva. Para el Ministerio Público, en cambio, la determinación mantiene las medidas de prisión preventiva para siete procesados, mientras que el único cambio se produjo en el caso de una imputada que, de acuerdo con Camacho, admitió los hechos durante la audiencia.
El fallo no resuelve la responsabilidad penal de los procesados ni pone fin a la investigación. Las medidas de coerción tienen carácter cautelar y el proceso continuará hasta que los tribunales conozcan el fondo de las acusaciones.
