La Justicia ha declarado ilegal la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implementada en Málaga, obligando al ayuntamiento a devolver las multas impuestas por considerarlas discriminatorias. Este suceso coincide con una reciente modificación del Real Decreto por parte del Gobierno central, que busca endurecer la aplicación de las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, exigiendo un régimen sancionador efectivo y eliminando las moratorias.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son obligatorias desde 2023 para todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Si bien algunas ciudades las han implementado, otras no han tomado medidas, y en ciertos casos, su aplicación ha generado controversia. Málaga es un ejemplo de ciudad que estaba aplicando la normativa, pero la Justicia ha anulado su ZBE, lo que ha llevado a la devolución de multas y a un nuevo debate sobre la definición y aplicación de estas zonas.
Desde diciembre de 2024, Málaga había establecido una ZBE en su casco histórico y calles adyacentes. La normativa permitía el acceso a coches de cualquier tipo empadronados en Málaga a partir de diciembre de 2025, pero prohibía el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental empadronados fuera de la ciudad. A partir de diciembre de 2026, las sanciones se extenderían a los coches con etiqueta B no empadronados en Málaga.
Vox impugnó esta decisión en junio de 2025, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor del grupo parlamentario, argumentando que multar únicamente a los vehículos de fuera era discriminatorio. En consecuencia, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado recientemente el cese de las multas relacionadas con la ZBE y la devolución de oficio de todas las sanciones.
Existen otros casos similares. Madrid, por ejemplo, aplica una ZBE que multa a los vehículos no empadronados que acceden sin etiqueta ambiental, mientras que los coches empadronados gozan de total libertad de acceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha confirmado la ilegalidad de algunas multas impuestas, tras una denuncia de Vox. En este caso, el dinero no se devuelve de oficio y requiere reclamación. La diferencia principal fue que en Madrid se alegó insuficiencia en el informe económico que respaldaba la nueva ZBE. Esto llevó a Madrid a publicar una nueva ordenanza para corregir el error, manteniendo así la ZBE madrileña en funcionamiento.
La implementación de las ZBE ha sido un proceso complejo, ya que los ayuntamientos han tenido libertad para aplicarlas según sus propios criterios e intereses, conscientes del impacto político. El origen de esta obligación se remonta a 2023, cuando se estableció que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes debían tener una ZBE. Sin embargo, muchas ciudades aún no las han implementado. Otras, como Sevilla, las han ubicado en zonas de bajo impacto diario, y algunas, como Ciudad Real, han creado ZBE que no imponen multas, lo que las hace ineficaces en la práctica.
En total, 149 municipios españoles deben aplicar estas restricciones, pero muchos las han ignorado. La razón es que el Gobierno, si bien las obligaba, permitía a los ayuntamientos aplicar la norma a su discreción y no imponía sanciones por su incumplimiento.
La decisión de Málaga coincide con un reciente movimiento del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó una modificación del Real Decreto 1052/2022. Con este cambio, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implementar una ZBE que sancione a los vehículos con acceso prohibido. En la nota de prensa, el Gobierno indicó que la modificación exige que las ordenanzas municipales incluyan y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad. El objetivo es asegurar que las restricciones tengan mecanismos de cumplimiento reales y que su eficacia pueda ser evaluada.
Cuando se estableció la normativa de las ZBE, no se especificaba la multa concreta a imponer. Esto fue aprovechado por algunos consistorios para no multar o para establecer procesos de transición que, en la práctica, permitían el paso a todos los vehículos. Sin embargo, con un cambio en la Ley de Tráfico, saltarse las normas de la ZBE está penalizado desde hace años con 200 euros de multa. Esta sanción se aplica a quienes traspasan los carteles diseñados por la DGT, que deben indicar claramente quién puede circular y quién no.
Aunque el Gobierno ahora exige que los ayuntamientos multen a los vehículos con acceso prohibido a las ZBE y elimine los sistemas transitorios, es probable que los cambios sean mínimos. Esto se debe a que se sigue dejando en manos de los consistorios la decisión de dónde aplicar las ZBE y qué restricciones imponer. Es decir, se puede establecer una ZBE en una zona de poco tráfico o que solo limite a los vehículos comerciales, minimizando su impacto. Además, no se contempla un posible castigo para las ciudades que ignoren esta obligación, por lo que queda por ver si los ayuntamientos avanzan en su implementación o continúan demorándola.
