Este jueves, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional retomará la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, y a otros individuos. Se les acusa de defraudar al Estado dominicano por una suma que excede los RD$15,000 millones. Recientemente, el Ministerio Público obtuvo una extensión de cuatro meses para completar las indagaciones y presentar su acusación formal.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene agendado para este jueves la continuación del proceso de revisión obligatoria de las disposiciones de coerción aplicadas al antiguo director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, junto con los demás procesados. Estos son señalados por un presunto fraude contra el Estado dominicano que asciende a más de RD$15,000 millones.
En el transcurso de este procedimiento, el magistrado Deiby Timoteo Peguero concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses. Este plazo adicional tiene como objetivo finalizar las investigaciones pendientes que involucran a entidades auxiliares, tales como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para luego formalizar una acusación contra los implicados.
El asunto se hizo público por medio de reportajes difundidos por el programa N Investiga en noviembre de 2025. Estos informes revelaron supuestas anomalías administrativas, irregularidades en las nóminas y dudas sobre la gestión de los fondos de la ARS. Como parte de las indagaciones sobre el desfalco en SeNaSa, las autoridades han llevado a cabo tres operativos, resultando en 39 detenciones y más de 40 allanamientos a nivel nacional.
La solicitud de prórroga del Ministerio Público
A mediados de agosto, el Ministerio Público solicitó una extensión de cuatro meses para entregar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros nueve individuos. Estos están siendo investigados por un supuesto fraude al Estado dominicano que supera los RD$15,000 millones.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, presentaron la petición ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
El procedimiento establece que el expediente debe ser enviado al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para notificar a todas las partes involucradas y fijar una audiencia donde se evaluará la solicitud de extensión del plazo.
Imputados y cargos atribuidos
Además de Hazim, la lista de imputados incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Hazim y los primeros cuatro mencionados cumplen reclusión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario. También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes también cumplen arresto domiciliario.
Según el Ministerio Público, estos últimos admitieron ante el tribunal haber efectuado pagos ilícitos a Hazim y a otros empleados de SeNaSa. A los señalados se les imputan cargos como colusión de funcionarios, prevaricación, asociación delictiva, estafa contra el Estado, desfalco, recepción de sobornos, blanqueo de capitales, así como falsificación y empleo de documentos adulterados.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público investiga una presunta red que habría perjudicado al Estado mediante operaciones ejecutadas en SeNaSa entre 2020 y 2025. El daño, inicialmente calculado en casi RD$16,000 millones, habría excedido los RD$19,000 millones, de acuerdo con investigaciones posteriores.
Las pesquisas tienen como uno de sus antecedentes una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024. Esta denuncia surgió tras la detección de autorizaciones de servicios médicos que los afiliados desconocían. La indagación se amplió para incluir facturaciones, contratos, proveedores y la administración de los recursos.
Hazim dejó la dirección de SeNaSa el 13 de agosto de 2025 y, dos días después, el Gobierno anunció a Edward Guzmán Padilla como su sucesor. En diciembre de ese mismo año, el Ministerio Público llevó a cabo la Operación Cobra, que abarcó allanamientos y detenciones de Hazim, exfuncionarios, empresarios y proveedores. El día 11, se entregó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 páginas y se pidió que el caso fuera declarado complejo.
