El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha manifestado su apoyo a la implementación del nuevo Código Penal a principios de agosto, tras décadas de discusión. Aunque no descarta una posible demora, considera que es el momento adecuado para su entrada en vigencia. El gobierno también evalúa introducir modificaciones a la ley que lo establece, en medio de un debate nacional sobre su aplicación y posibles revisiones.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este martes su respaldo a la activación del nuevo Código Procesal Penal, proyectada para los primeros días de agosto. Su postura se basa en que esta reforma ha estado bajo consideración por varias décadas.
Durante una entrevista en el programa televisivo El Día, Paliza explicó que la discusión sobre esta iniciativa se inició en 1997, por una directriz del entonces presidente Leonel Fernández. Por ello, considera que ha habido suficiente tiempo para su análisis exhaustivo. “Pienso que este asunto ha tomado muchos años. No me opondría a un aplazamiento, pero creo que debe comenzar a regir tal como se ha programado”, indicó el funcionario.
Además, confirmó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de realizar ajustes a la Ley 74-26, que es la normativa orgánica que establece el nuevo Código Penal, aunque el ministro no especificó qué puntos serían objeto de cambio.
Las declaraciones de Paliza surgen en un contexto de debate intenso sobre la puesta en marcha de la nueva regulación y las peticiones de diversos sectores para revisar ciertos artículos antes de que entre en vigor.
Entre los argumentos de quienes solicitan una extensión del plazo se encuentra la necesidad de examinar algunas secciones que, según afirman, podrían generar lagunas legales o complicaciones en su aplicación. Otros, por su parte, opinan que el sistema judicial aún requiere una mayor preparación para implementar la normativa de manera eficaz.
El nuevo Código Procesal Penal introduce innovaciones en los procedimientos judiciales y busca fortalecer la persecución del crimen organizado, agilizar los procesos penales y actualizar diversas disposiciones conforme a las nuevas realidades del sistema de justicia.
Ayer, el abogado constitucionalista, Pedro Justo Castellanos, sostuvo que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que provocan incertidumbre e inseguridad jurídica y cuestionó el tiempo otorgado en el Congreso Nacional para debatir el proyecto.
Asimismo, manifestó: “Tengo serias reservas sobre la calidad deliberativa que produjo la Ley 74-25”, al considerar que el Congreso Nacional debió llevar a cabo un proceso de discusión más amplio y profundo antes de aprobar una legislación que modifica aspectos esenciales del sistema penal dominicano, lo que hoy contradice el Ministro José Ignacio Paliza, al decir, que el código se viene discutiendo desde el 1997.
