La Justicia ha dado un nuevo paso para que el Ayuntamiento de Madrid devuelva miles de multas impuestas bajo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), conocida anteriormente como Madrid Central y ahora como Madrid 360. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una pieza separada tras la anulación de la ZBE en 2024, respondiendo a la reclamación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) para ejecutar la devolución de las sanciones. Esta decisión abre un plazo de 20 días para que el Ayuntamiento y otras partes presenten sus alegaciones.
Desde su primera aprobación como Madrid Central, las zonas de bajas emisiones de Madrid han enfrentado desafíos legales. Actualmente, bajo el nombre de Madrid 360, la Justicia lleva dos años exigiendo al Ayuntamiento la devolución de dinero a miles de ciudadanos madrileños. Una reciente decisión judicial acerca la posibilidad de esta devolución.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado un procedimiento independiente dentro del marco de la ejecución de la sentencia que en 2024 anuló la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid. Esta acción judicial surge a raíz de la petición de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) para que la Justicia ordene la devolución de las multas impuestas bajo la ordenanza de movilidad anterior.
Por ahora, el Ayuntamiento de Madrid y las demás partes implicadas disponen de un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones respecto a esta decisión.
Para comprender el contexto, es necesario remontarse a 2024. En septiembre de ese año, el TSJM declaró nula la ZBE madrileña, argumentando la ausencia de un estudio adecuado que determinara si estas zonas de bajas emisiones podían generar un "efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente". En respuesta, el Ayuntamiento de Madrid apeló al Tribunal Supremo, pero su recurso fue desestimado, lo que resultó en la anulación de facto de la zona de bajas emisiones.
No obstante, durante ese periodo, el Ayuntamiento de Madrid trabajó en la modificación de su ordenanza de movilidad para mantener activa la ZBE, que restringe la entrada de vehículos sin etiqueta (provenientes de fuera de Madrid) a toda la ciudad y establece dos zonas interiores de especial protección.
Con el rechazo del recurso, Madrid debería haber reintegrado el dinero de todas las multas impuestas desde enero de 2022 hasta la implementación de la nueva ordenanza de movilidad, pero esto no ha ocurrido, al menos no en su totalidad.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, se defiende que "las sanciones interpuestas con la anterior ordenanza, y que afectan en exclusiva a Plaza Elíptica y Centro, las Zona de Especial Protección que anulaba la sentencia del TSJM, no se devolverán porque se tramitaron con una ordenanza que estaba vigente".
Las indicaciones sobre qué multas dejarán de cobrarse se encuentran en la web del Ayuntamiento de Madrid, donde se especifica que estas son:
- Las multas que se encuentren en tramitación y no se hayan pagado.
- Las multas que no se hayan cobrado completamente, aunque estén en vía ejecutiva.
El primer inconveniente es que Madrid no restituye el dinero de las multas ya abonadas; en estos casos, el conductor sancionado debe recurrir a la Justicia para reclamar el importe. El segundo problema es que Madrid solo ha estado devolviendo las multas relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y de Plaza Elíptica, áreas con regulaciones específicas que impiden el estacionamiento en la calle a vehículos con etiqueta C y B. En estas zonas, solo los vehículos con etiqueta ECO y Cero emisiones tienen autorización para circular sin restricciones.
La postura de AEA es que el Ayuntamiento de Madrid debe reintegrar todas las multas (tanto las impuestas en estas zonas especiales como las de acceso a la ciudad), independientemente de si han sido pagadas o no. Sin embargo, la última acción judicial solo concierne a las multas que aún no han sido abonadas.
Mario Arnaldo, presidente de AEA, ha declarado que Madrid "está actuando como una administración tramposa que solo quiere sacar los cuartos a los madrileños". Según los cálculos de la asociación de defensa de los conductores, entre enero de 2022 y diciembre de 2025 (los datos más recientes disponibles), Madrid ha multado a 3,4 millones de conductores por un valor total de 663,29 millones de euros. De esta cantidad, 203,22 millones de euros corresponden a multas por entrar en el municipio madrileño, un monto que la ciudad se niega a devolver.
Además, la asociación subraya que la Justicia ya les ha dado la razón en los recursos presentados para recuperar el dinero de multas ya pagadas. Este procedimiento debe realizarse de forma individual, y lo que AEA busca es que el Ayuntamiento de Madrid se vea obligado a devolver todo el dinero de forma automática, es decir, los más de 660 millones de euros recaudados.
Actualmente, el incumplimiento de las normas de la ZBE en Madrid es motivo de sanción. El Ayuntamiento de Madrid se ampara en la modificación realizada el pasado mes de abril para mantener activa esta zona de bajas emisiones, una medida que AEA ya ha recurrido al considerar que no se han resuelto las deficiencias por las cuales el TSJM anuló la ordenanza de movilidad anterior.
Por el momento, "tiene presunción de legalidad", según indican desde AEA. Esto implica que el Ayuntamiento de Madrid mantiene activas sus ZBE y sanciona a quienes no cumplan las normas, pero será la Justicia quien decida en el futuro si dicho espacio restringido a los coches más contaminantes es legal o si, una vez más, incurre en los mismos errores del pasado.
