Francia ha aprobado una ley que prohíbe a los menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales a partir del 1 de septiembre, extendiendo la restricción a cuentas existentes en 2027. Esta medida histórica, impulsada por el presidente Macron, plantea importantes retos en la verificación de edad y la protección de la privacidad, recayendo la responsabilidad de su cumplimiento en las plataformas digitales.
Durante años, registrarse en una red social ha sido tan sencillo como introducir un correo electrónico, elegir una contraseña y especificar una fecha de nacimiento. En Francia, esta práctica cambiará el 1 de septiembre para los menores de 15 años. La prohibición ya ha sido aprobada por el Parlamento, pero su implementación efectiva requerirá resolver cuestiones complejas: cómo verificar la edad de los usuarios, qué información se solicitará para demostrarla y cómo afectará a servicios que ofrecen más que la simple publicación de fotos o vídeos. Aquí comienza el verdadero desafío.
La decisión recibió un respaldo abrumador. Este martes, las dos cámaras francesas votaron a favor: 243 senadores lo aprobaron frente a 2 en contra, mientras que la Asamblea Nacional lo hizo con 279 votos a favor y 81 en contra. Emmanuel Macron, uno de los principales promotores de la ley, celebró que Francia sea el primer país europeo en aprobar una prohibición de este alcance. La implementación se dividirá en dos fases: las nuevas cuentas quedarán vetadas a partir del 1 de septiembre y la restricción se aplicará a las cuentas ya existentes desde enero de 2027. No obstante, el calendario aún podría ser condicionado por el Consejo Constitucional.
La prohibición no incluye una lista exhaustiva de plataformas, sino que se refiere a las definiciones europeas de “plataforma en línea” y “servicio de redes sociales en línea”. TikTok, Instagram y Snapchat son los ejemplos más claros, pero la distinción se vuelve menos evidente en plataformas como YouTube, WhatsApp, Reddit o Roblox, que combinan funciones sociales con otros usos. Según explicó la diputada Laure Miller, en algunos casos el control solo se aplicará a herramientas específicas. Las enciclopedias digitales y los directorios educativos o científicos están expresamente excluidos.
Las plataformas serán las responsables del control. La ley no contempla multas ni otras sanciones para los menores ni para sus padres. La responsabilidad recaerá en las empresas, que deberán verificar la edad de sus usuarios, impedir nuevos registros que incumplan el límite y cerrar las cuentas afectadas una vez finalizado el periodo transitorio. La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, considera que el plazo es realista, ya que existen herramientas de verificación y otras están en desarrollo.
Septiembre será la prueba de fuego. La fecha otorga a las plataformas solo unas semanas de verano para transformar la obligación legal en controles funcionales desde el inicio del curso escolar. La dificultad no radica solo en detectar a los menores, sino también en verificar que el resto de los usuarios superan el límite sin crear un proceso inmanejable. Durante el debate, varios parlamentarios cuestionaron que un sistema de esta complejidad pudiera estar operativo tan rápidamente y advirtieron sobre posibles formas de eludirlo, citando el caso de Australia como ejemplo.
La privacidad también está en juego. Verificar si una persona ha cumplido 15 años no debería requerir necesariamente que revele toda su identidad. Una de las alternativas planteadas por el sector consiste en trasladar la verificación al propio teléfono, en lugar de solicitar documentos por separado en cada aplicación. Este enfoque busca reducir la circulación de información personal entre distintos servicios, aunque las fuentes no detallan cómo funcionaría ni qué datos conservaría cada actor. Francia deberá impedir el acceso de los menores sin que la solución se convierta en una nueva fuente de datos sensibles.
España prepara su propia prohibición. Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 que su Gobierno impulsaría la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años y exigiría sistemas efectivos de verificación de edad. El Ejecutivo explicó a principios de este mes que había presentado enmiendas para incorporar la medida al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Al momento de redactar este artículo, la iniciativa sigue en la Comisión de Justicia del Congreso, en fase de informe.
Aprobar el texto fue solo el principio. Francia ha sido el primer país europeo en lograr la aprobación parlamentaria de una prohibición de este tipo, siguiendo el camino abierto por Australia a nivel mundial. España se encuentra en una fase diferente y su propuesta aún puede modificarse durante la tramitación, pero el problema de fondo es común: transformar una edad mínima en un control efectivo y proporcionado con la privacidad.
