La República Dominicana y Chile han formalizado una colaboración sin precedentes para establecer un equipo de investigación conjunto. Este esfuerzo binacional busca intensificar la persecución de delitos como el tráfico de personas, el contrabando de migrantes y el lavado de dinero, abordando así el crimen organizado transnacional con una estrategia unificada y más robusta.
La República Dominicana y Chile concretaron este martes un pacto de colaboración con el fin de establecer un grupo de investigación binacional. Esta iniciativa fortalecerá las pesquisas relacionadas con la trata de seres humanos, el tránsito ilegal de migrantes, el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas del crimen organizado que trasciende fronteras. El convenio fue suscrito por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia Vásquez, quienes enfatizaron la relevancia de potenciar los canales de cooperación legal internacional para confrontar crímenes que no reconocen límites geográficos.
Esta es la primera ocasión en que el país firma un acuerdo para la formación de un equipo de investigación conjunto, amparado por la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
Visión estratégica y lucha contra “la esclavitud moderna”
Reynoso mencionó que la nación enfoca la lucha contra la trata y el tránsito de personas como un objetivo estratégico prioritario dentro de su política de persecución del crimen organizado transnacional. Asimismo, recordó que la trata de personas es considerada como “la esclavitud moderna” y una de las manifestaciones más graves de menoscabo a la dignidad humana. Explicó que las indagaciones sobre la trata de personas se desarrollan paralelamente con las investigaciones por lavado de activos, ya que las redes criminales que la promueven tienen como fin la obtención de ganancias económicas ilícitas que posteriormente intentan insertar en los mercados formales.
Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, afirmó que el acuerdo representa una herramienta práctica de trabajo entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana. Valencia Vásquez destacó que el pacto permitirá organizar grupos de investigación conjuntos compuestos por fiscales y agentes policiales de ambas naciones para enfrentar los delitos del crimen organizado transnacional. Subrayó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son “un flagelo que afecta directamente a ambos países y que demanda respuestas coordinadas”.
