El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha declarado que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha abandonado la democracia al anunciar la suspensión definitiva de las elecciones generales. Esta decisión, que niega el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus líderes, ha generado una fuerte condena internacional y preocupaciones sobre la estabilidad regional.
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó que la administración del presidente Daniel Ortega ha renunciado a la democracia tras su anuncio de que Nicaragua ya no realizará comicios generales. El representante afirmó que la anulación de las votaciones implica la privación del derecho soberano que tienen los habitantes de seleccionar a sus gobernantes. Ramdin destacó que los procesos electorales libres, equitativos y regulares son un componente crucial de la democracia representativa y advirtió que su eliminación no puede interpretarse como una determinación política arbitraria. De igual forma, indicó que el declive democrático en una nación del hemisferio afecta a todo el continente, al socavar la gobernabilidad y la estabilidad regional.
El comunicado de la OEA se emitió luego de que Ortega informara que su actual período finalizará el año venidero sin convocar nuevas votaciones, argumentando que los procesos electorales han sido empleados para desestabilizar la nación. El gobernante seguirá en el poder junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, en una resolución que ha provocado severas críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua. La medida fue igualmente rechazada por agrupaciones opositoras en el exilio, que acusaron al Gobierno de cerrar la última opción democrática para una transición política pacífica. Adicionalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para intensificar la presión diplomática y las sanciones contra el régimen nicaragüense.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) catalogó las declaraciones de Ortega como inconsistentes con los principios de la democracia representativa y aseveró que consolidan un sistema autoritario. El organismo reiteró que Nicaragua tiene la obligación de restaurar el pluralismo político, asegurar los derechos ciudadanos y llevar a cabo elecciones libres, periódicas y auténticas.
