El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha concedido a Amazon Web Services (AWS) una autorización para aumentar en un 48% la dotación de agua de su centro de datos en El Burgo de Ebro. Esta decisión, que no prevé impactos ambientales significativos según el organismo, se extendería a otras instalaciones de AWS en la región. La medida llega en un contexto de creciente debate sobre el uso del agua y los recursos energéticos por parte de los centros de datos en Aragón.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha autorizado a Amazon Web Services (AWS) a incrementar en un 48% la dotación de agua para su centro de datos ubicado en El Burgo de Ebro. Según El Periódico de Aragón, el organismo no ha identificado efectos ambientales significativos, y se anticipa que una medida similar se aplicará a los complejos de Villanueva de Gállego y Huesca, donde la compañía ha realizado solicitudes idénticas. La resolución se hará pública en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días.
La situación actual es el resultado de una serie de eventos: en 2022, los primeros centros de AWS comenzaron a operar en Aragón. En 2023, el Gobierno aragonés modificó el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para expandir la capacidad energética de estos centros. A finales de 2024, AWS solicitó una modificación de su evaluación ambiental simplificada. En enero de 2026, Ecologistas en Acción anunció acciones legales contra el PIGA. A finales de agosto, el Gobierno central presentó un borrador de decreto con mayores exigencias. El 15 de septiembre, se impuso una nueva restricción de riego en el río Gállego. El 2 de octubre, Heraldo reveló que AWS pagaba el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Madrid, a lo que AWS respondió el 8 de octubre anunciando que pagaría el impuesto en los municipios locales. Finalmente, los días 26 y 27 de octubre, el Gobierno suavizó el decreto.
La resolución actual exime al proyecto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Sin embargo, esto no implica una aprobación sin condiciones: AWS deberá modificar su autorización ambiental integrada y proporcionar información detallada sobre los consumos de agua previstos, los caudales de abastecimiento, los volúmenes de aguas residuales, los sistemas de tratamiento y la capacidad de los depósitos. Adicionalmente, deberá cumplir con la normativa de prevención de legionelosis y protección contra incendios, implementar un plan de vigilancia ambiental con seguimiento continuo y restaurar el terreno una vez que la instalación sea desmantelada.
AWS solicitó el aumento de la dotación de agua a finales de 2024. El diseño original estimaba 555 horas anuales de uso de agua para refrigeración. La memoria, elaborada por la consultora Tauw Iberia, eleva esta cifra a 900 horas. La empresa argumenta que, tras dos años de operación, los valores aprobados no reflejan con exactitud las condiciones climáticas actuales del emplazamiento. Como contrapartida, ha retrasado el umbral de temperatura al que el sistema cambia del 'free cooling' a la refrigeración con agua, de 28,3 a 29,4 ºC, lo que, según el documento, reduce el consumo.
La cifra de 53.961 m³ no representa el consumo total de AWS en la zona. Con la expansión de la región de datos, el consumo agregado máximo asciende a 917.603 m³ al año, equivalente a 0,92 hectómetros cúbicos. Para contextualizar, el diario señala que las papeleras de la Ribera Baja superan los 20 hectómetros cúbicos. AWS añade que el centro de El Burgo de Ebro se abastece del Canal Imperial de Aragón y que su demanda actual, de 36.662 m³, representa el 0,009% del total. Esta cifra excede en 201 m³ el límite anterior, aunque el texto no aclara el motivo. Un estudio ambiental previo había estimado unos 755.000 m³ para las nuevas instalaciones, y Ecologistas en Acción ya había advertido sobre la dificultad de verificar el volumen de agua extraída.
La compañía ha unificado dos plantas de tratamiento previamente planificadas en una sola, que incorpora nanofiltración y se espera que recupere cerca del 70% del agua. Además, ampliará la capacidad de almacenamiento in situ hasta 72 horas. El diario menciona dos proyectos adicionales relacionados: la construcción de tres tanques de tormentas en los nuevos centros y la financiación para la renovación de 25 kilómetros del Canal Imperial con el fin de prevenir fugas. Las cifras de ahorro de AWS, que superan los 10.000 millones de litros al año para 2030, provienen de la propia empresa.
Ecologistas en Acción y Tu Nube Seca Mi Río alegaron que el cambio climático debería haber sido considerado en la solicitud original. Recordaron también que una investigación de El País estimó que el centro de Huesca consumió casi el doble de lo permitido. Demandan controles independientes, ya que la normativa no obliga a las empresas a reportar su consumo. AWS argumenta que necesita margen para años anómalos como 2022, y asegura que sus centros solo utilizan agua cuando la temperatura supera los 30 grados.
El 15 de septiembre, la acequia de Camarera, en la cuenca del Gállego, sufrió un recorte del 35% en su concesión, siendo la segunda restricción del verano tras el 60% de agosto, afectando a unas 4.500 hectáreas. El colectivo No es sequía, es saqueo vincula esta situación con los proyectos de Villanueva de Gállego, Villamayor y La Puebla de Alfindén, y sostiene que los centros conectados a redes urbanas tienen prioridad legal sobre el riego. Aunque el centro de El Burgo de Ebro no está en esa zona, se abastece del Canal Imperial, una infraestructura de regadío cuya comunidad de usuarios colabora con AWS en el proyecto de modernización. En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueadas las negociaciones para ceder agua del Ebro.
Ese mismo 15 de septiembre, Jorge Azcón defendió en un foro organizado por AWS que la industria del dato aporta más agua de la que consume. Los críticos replican que el ahorro en el sector agrícola no compensa el consumo de los centros de datos.
Cuando se conoció el tema del IAE, el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, calificó la situación de “lamentable y vergonzoso”. Posteriormente, se realizaron manifestaciones y marchas. Ya existían precedentes: en Cuarte, los vecinos lograron que Amazon desviara una línea de alta tensión, y en Walqa (Huesca) se rechazó un centro en la primera consulta vecinal de Aragón. AWS prometió pagar el IAE en los municipios y abonar cuatro años de atrasos, sin especificar cifras. Según la prensa aragonesa, también saldó 194.000 euros de IBI pendientes en El Burgo de Ebro.
El borrador de agosto aplicaba las normas a partir de 1 MW. Según Reuters, el umbral ahora se eleva a 10 MW, con un 80% de suministro renovable y un régimen transitorio de hasta cinco años. El Gobierno de Aragón había presentado cinco alegaciones al texto. Los colectivos del agua señalan que el decreto establece parámetros de eficiencia, pero no límites al consumo en períodos de sequía.
AWS estima una inversión global de 33.700 millones de euros hasta 2035. Los centros emplean a pocos trabajadores directos y, a pleno rendimiento, consumirían más electricidad que toda la comunidad autónoma. Las preguntas pendientes son: quién medirá la cantidad de agua utilizada por cada centro, qué prioridad tendrá el regadío en caso de restricciones y cuál será la decisión judicial sobre el PIGA. En la misma cuenca del Ebro, el embalse riojano de Mansilla, que abastece riego y energía, muestra ahora calles enteras de su antiguo pueblo sumergido. Esta es la imagen de un otoño seco, el mismo en el que Aragón ha permitido ampliar el consumo de agua de un centro de datos.
