La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, enfrenta un juicio político por presunta corrupción que inició en el Senado, el cual podría inhabilitarla de por vida para cargos públicos. Acusada de malversación y amenazas, el proceso se prevé prolongado y crucial para su futuro político. La situación se complica con la detención de aliados y la fuga de otros legisladores, lo que ha mermado su respaldo.
El procedimiento de destitución por presunta corrupción contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, se puso en marcha este lunes en el Senado del país asiático. Se anticipa que el proceso se extienda por varios meses y podría resultar en su prohibición permanente para ocupar cualquier puesto público. La figura política, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), quien se encuentra bajo custodia en La Haya por supuestos delitos de lesa humanidad durante su campaña contra el narcotráfico, es señalada por cuatro infracciones, incluyendo el desvío de recursos estatales y amenazas al actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. En 2024, ella manifestó haber dado la orden de asesinarlo si la atacaban a ella.
El juicio, donde los senadores asumen el rol de jueces, dio inicio este lunes a las 14:00 hora local (6:00 GMT), luego de que la Cámara de Representantes filipina aprobara en mayo una moción para remover a la vicepresidenta y remitiera la resolución a la Cámara Alta, que usualmente cuenta con 24 miembros. Para que Duterte quede inhabilitada de por vida para ejercer una función pública, se necesita el respaldo de dos tercios del Senado, mientras que para su absolución solo se requieren nueve votos.
Según la opinión de expertos consultados, se espera que la determinación se tome antes de finalizar el año. Una declaración de culpabilidad no implicaría una pena de prisión, pero sí abriría la puerta a un posterior procedimiento penal e impediría su participación en las elecciones presidenciales de 2028, a las que ella anunció en febrero que se presentaría. Duterte, quien no estuvo presente en la primera sesión del proceso, declaró en un comunicado publicado en Facebook: “Elegir comparecer mediante un representante legal en lugar de testificar en persona no reduce la responsabilidad ni sugiere una falta de transparencia”.
Este lunes, diversas agrupaciones de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Senado para manifestarse tanto a favor como en contra de Duterte. Horas antes del comienzo del juicio, las autoridades filipinas detuvieron este lunes al senador Rodante Marcoleta, vinculado al grupo político de la familia Duterte, después de que la Defensoría del Pueblo lo acusara de no reportar 75 millones de pesos filipinos (1,2 millones de dólares) durante su campaña al Senado en 2025.
Cuando se presentó el caso contra Duterte, la vicepresidenta gozaba de un considerable respaldo en la Cámara Alta, lo que complicaba su posible condena. Sin embargo, su influencia ha disminuido tras las detenciones de los senadores Marcoleta y Jinggoy Estrada –en junio, también por presunta malversación–, así como por la huida del legislador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia antidrogas de Rodrigo Duterte. De esta forma, los apoyos firmes de Sara Duterte se reducirían a nueve –el mínimo para absolverla–, mientras que sus opositores se mantendrían en doce, según afirmaron académicos.
Duterte ya superó en 2025 un procedimiento similar que no llegó al Senado debido a una decisión del Tribunal Supremo, que encontró irregularidades formales en la acusación.
