El representante especial de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, alertó sobre la creciente crisis de seguridad en el país caribeño. La violencia de las pandillas ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 1,5 millones de personas y ha dejado 1.600 víctimas mortales en los últimos tres meses, con las bandas criminales controlando gran parte de la capital, Puerto Príncipe. La comunidad internacional enfrenta un reto considerable para restaurar el orden y la estabilidad.
Carlos Ruiz Massieu, el representante especial del secretario general de la ONU en Haití, indicó que la situación de seguridad en el país se deteriora continuamente. Casi 1,5 millones de individuos han sido forzados a abandonar sus hogares debido a la violencia, y se han registrado 1.600 asesinatos en los últimos noventa días, a medida que las bandas armadas expanden su dominio. En una conversación con Infobae, el diplomático de origen mexicano explicó que estas agrupaciones delictivas mantienen una fuerte presencia en Haití, particularmente en Puerto Príncipe, donde ejercen influencia o control sobre entre el 70 % y el 75 % de la ciudad, de acuerdo con las últimas evaluaciones de las Naciones Unidas. Ruiz Massieu afirmó que la comunidad global enfrenta un desafío inmenso para restablecer el orden en Haití, a pesar de la implementación de una nueva estrategia aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para combatir a las redes criminales.
“Existe una oportunidad considerable para mejorar la situación en Haití y se necesita que todos los sectores haitianos y la comunidad internacional colaboren para reforzar la seguridad, la justicia, la reintegración y el desarrollo”, declaró.
El enviado de la ONU señaló que actualmente operan entre 10.000 y 15.000 miembros de pandillas armadas en Haití, involucrados en actividades como extorsión, secuestros y otros crímenes. Además, reveló que aproximadamente la mitad de estos integrantes son menores de dieciocho años, reclutados en zonas caracterizadas por la pobreza, la escasez de oportunidades y la ausencia de presencia estatal. Un reporte de las Naciones Unidas, titulado Children Trafficked by Gangs in Haiti, documenta la existencia de al menos veintiséis grupos criminales que emplean amenazas y violencia para evitar que sus miembros abandonen estas organizaciones. El documento también denuncia que los menores son utilizados para tareas de vigilancia, mensajería y cobro de extorsiones, mientras que las niñas son víctimas de violaciones, explotación y esclavitud sexual, además de ser forzadas a realizar trabajos domésticos y, en algunos casos, a participar en actividades delictivas.
Ruiz Massieu explicó que Haití cuenta actualmente con 13.000 agentes de policía y alrededor de 1.200 militares para enfrentar a las organizaciones armadas. A esto se añade la misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé el despliegue de 5.500 efectivos, aunque hasta el momento solo unos 800 se encuentran en territorio haitiano. El diplomático también confirmó que el Gobierno haitiano estableció una fuerza de tarea compuesta por empresas militares privadas, aunque no proporcionó detalles sobre el número de sus integrantes. Al ser cuestionado sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos por parte de estos grupos privados, sostuvo que cualquier operación de seguridad debe adherirse a los estándares internacionales. “El gobierno debe tomar las medidas necesarias para que esa compañía respete esos estándares que, como gobierno, está obligado a cumplir”, manifestó.
El representante de la ONU describió la vida diaria en Puerto Príncipe como “compleja y delicada”, marcada por una inseguridad que restringe la movilidad de la población y dificulta el acceso a la educación, el empleo y otros servicios esenciales. “Los haitianos sufren mucho: no pueden desplazarse, no pueden ir a la escuela, no pueden trabajar. Tenemos que hacer lo indispensable para que la situación mejore a la brevedad”, afirmó. Al ser consultado sobre el tiempo necesario para lograr avances significativos, Ruiz Massieu estimó que el proceso podría tardar aproximadamente un año y medio, siempre que exista un esfuerzo coordinado entre las autoridades haitianas y la comunidad internacional.
