El último líder de la antigua guerrilla FARC ha expresado su firme determinación de proteger el acuerdo de paz suscrito hace diez años, incluso arriesgando su propia vida. Esta declaración surge en respuesta a las recientes advertencias del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de encarcelarlo, generando un nuevo capítulo en el debate sobre la reconciliación y la justicia en el país.
Bogotá (AP).- El último dirigente de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha manifestado su disposición a salvaguardar el pacto de paz firmado hace una década, incluso al costo de su existencia, después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella insinuara su intención de enviarlo a prisión.
“Los mensajes de animadversión desde plataformas privilegiadas se contrarrestan con acciones de pacificación, a pesar de que casi 500 signatarios han sido asesinados; y si nos corresponde ser el signatario 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”, declaró Rodrigo Londoño, conocido durante los años de conflicto como “Timochenko”, en un video divulgado en la red social X, enfatizando que exguerrilleros han perdido la vida al reintegrarse a la sociedad civil.
Londoño emitió estas declaraciones tras una advertencia formulada el día anterior por De la Espriella, quien en un comunicado difundido en sus propias redes sociales criticó que el último jefe de las extintas FARC hubiera salido de Colombia para participar en un seminario en España, con autorización del Tribunal de Paz, el cual lo procesa por los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto interno. El martes, Londoño informó su regreso a Colombia.
“Hoy observamos al criminal de guerra, alias Timochenko, en una gira internacional… ese delincuente de Timochenko merece estar encarcelado de por vida, me dedicaré a ello. Ningún formalismo aparente puede ocultar que los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por los líderes de las FARC continúan impunes”, afirmó De la Espriella, de orientación conservadora y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Londoño y miles de exmiembros de las FARC entregaron sus armas y se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que, a cambio de confesar sus delitos y proporcionar detalles para su esclarecimiento, les impone sanciones que no implican prisión, sino la participación en proyectos en beneficio de las víctimas.
