El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley española de amnistía relacionada con el proceso independentista catalán. La corte considera que esta legislación es compatible con el derecho comunitario, ya que busca mitigar las tensiones políticas e institucionales y fomentar la reconciliación. Esta determinación es crucial para el Tribunal Constitucional español, cuya próxima resolución podría influir en el posible retorno de Carles Puigdemont a España.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este jueves la legalidad de la normativa española de amnistía vinculada al movimiento secesionista catalán. El tribunal dictaminó que esta ley se ajusta al marco legal comunitario, pues su objetivo es "reducir las fricciones institucionales y políticas y propiciar un ambiente de reconciliación", según un comunicado de prensa. Esta resolución establece un precedente para el Tribunal Constitucional de España, cuya decisión será fundamental para el posible regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont al país. El Tribunal Constitucional deberá determinar si el Tribunal Supremo debe concederle la amnistía por el cargo de malversación.
La amnistía "no impacta" las finanzas europeas.
La corte con sede en Luxemburgo abordó inicialmente la consulta preliminar presentada por el Tribunal español de Cuentas, la cual cuestionaba si la amnistía de la responsabilidad contable por los gastos del proceso independentista podría amenazar la estabilidad financiera europea. El TJUE desestimó esta preocupación.
El Tribunal de Justicia respondió "negativamente" a esta cuestión, argumentando que "no se puede considerar que los intereses económicos de la Unión se vean afectados por la simple reducción de la renta nacional bruta que podría surgir, de forma potencial, de la secesión de una parte del territorio nacional", de acuerdo con su fallo.
La amnistía "no socava" la directiva antiterrorismo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que la ley de amnistía "no perjudica" la directiva europea contra el terrorismo. Esto se debe a que dicha medida de gracia excluye los delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que hayan provocado daños graves.
Plazo de dos meses, según la ley del olvido.
El TJUE también ratificó el periodo de dos meses que la ley del olvido concede a los jueces españoles para decidir si deben aplicar la amnistía en sus respectivos casos. Esto es válido siempre y cuando los procedimientos se suspendan si se presentan cuestiones prejudiciales ante la justicia europea, tal como ha sucedido en los procesos examinados por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.
Según la Corte, el plazo de dos meses no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que está "limitado" a la aplicación de la ley de amnistía. Por lo tanto, no debería generar problemas "de carácter sistémico capaces de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional".
Los magistrados recordaron que el Gobierno español aclaró que tanto el plazo de dos meses puede ser suspendido a la espera del pronunciamiento del TJUE, como que las medidas cautelares impuestas a los procesados pueden mantenerse.
Puigdemont impugnó ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de no aplicarle la ley del olvido. Argumentó, primero, que amnistiar el delito de malversación pondría en riesgo las finanzas europeas —una cuestión que el TJUE desmintió hoy— y, segundo, que el expresidente se benefició económicamente al no sufragar personalmente el referéndum del '1-O'.
