En una escalada de sus acciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), Estados Unidos ha impuesto sanciones a Tomoko Akane, la actual presidenta del tribunal. Estas medidas, formalizadas por el Departamento del Tesoro, implican el bloqueo de activos y restringen operaciones financieras, marcando un nuevo capítulo en las tensiones entre Washington y la CPI. La decisión se suma a previas acciones contra funcionarios del organismo judicial.
Estados Unidos aplicó este martes restricciones a Tomoko Akane, la máxima responsable de la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando las disposiciones tomadas por la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. La determinación fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que también incluyó entre los afectados al funcionario Abdoulaye Seye. Las sanciones conllevan la congelación de los bienes e intereses económicos que Akane pueda poseer bajo la jurisdicción estadounidense. Además, las personas y organizaciones de Estados Unidos tienen, en general, prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo que exista una aprobación específica del Gobierno.
El Departamento del Tesoro estableció, al mismo tiempo, un plazo determinado para finalizar ciertas operaciones relacionadas con Akane y Seye. La licencia general expedida este martes autoriza llevar a cabo las transacciones indispensables para liquidar negocios vinculados con ambos hasta las 12:01 de la madrugada del 17 de septiembre de 2026. Cualquier pago dirigido a una persona bloqueada deberá ser depositado en una cuenta restringida que genere intereses en Estados Unidos. El documento de la OFAC especifica que la autorización no permite llevar a cabo operaciones con otras personas sancionadas bajo el mismo régimen. Las restricciones también abarcan a las empresas en las que Akane o Seye posean, de manera directa o indirecta, al menos un 50 % de participación.
La medida se produce en un contexto de fricciones entre Washington y la Corte Penal Internacional debido al alcance de las indagaciones y resoluciones del tribunal. La CPI fue establecida mediante el Estatuto de Roma y comenzó sus operaciones en 2002 con el propósito de enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando se cumplen las condiciones estipuladas en su marco jurídico. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la jurisdicción de la CPI puede extenderse a ciertos delitos cometidos en territorios de naciones que reconocen la autoridad del tribunal, incluso cuando los presuntos responsables sean ciudadanos de Estados que no forman parte de la institución.
Washington ha mantenido durante años una postura crítica frente a determinadas actuaciones de la corte. La administración Trump ha cuestionado tanto las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses como las decisiones vinculadas con Israel. Las tensiones se incrementaron después de que la CPI emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Estados Unidos considera que esas actuaciones exceden las facultades del tribunal y ha respondido con sanciones contra funcionarios de la institución. El Gobierno estadounidense también ha manifestado su intención de ampliar la presión internacional sobre la CPI.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente que Washington buscaría impulsar una campaña diplomática para convencer a otros países de abandonar el organismo. Las medidas adoptadas durante el último año también han afectado a jueces de la corte. Tres magistrados impugnaron las sanciones ante tribunales estadounidenses al considerar que las disposiciones de la administración Trump eran ilegales. La inclusión de Akane, máxima autoridad judicial de la CPI, eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y el tribunal, al afectar directamente a quien ocupa la presidencia del organismo encargado de administrar el funcionamiento de la corte.
