Una nueva legislación en Panamá, conocida como el “derecho al olvido oncológico”, está generando discusión sobre cómo los individuos que han superado un cáncer pueden acceder a productos financieros sin que su historial médico pasado sea un impedimento. Esta medida busca proteger a los sobrevivientes, evitando que un diagnóstico previo afecte su capacidad para obtener seguros o créditos, tras un periodo sin recaídas y con certificación médica.
Una reciente normativa aprobada en Panamá, conocida como el “derecho al olvido oncológico”, introduce una cuestión de gran interés que también podría ser relevante en República Dominicana: ¿qué sucede cuando una persona que ha superado un cáncer necesita contratar un seguro, solicitar un crédito o acceder a otros productos financieros años después?
La comparación resulta particularmente pertinente porque República Dominicana ya posee un mecanismo denominado “derecho al olvido” dentro de su sistema financiero, aunque se trata de una figura diferente. Este limita la permanencia de información relacionada con deudas e historial crediticio, pero no incluye los antecedentes médicos. Ambas figuras no deben confundirse: la dominicana se enfoca en restringir la duración de la información sobre deudas y el historial crediticio, mientras que la panameña aspira a proteger a quienes han vencido el cáncer para que su historial médico no siga afectándolos al buscar seguros o servicios financieros.
No obstante, la conexión entre ambas radica en el principio de que una situación pasada no debería convertirse en un obstáculo permanente para una persona, aunque en cada caso se refiera a información y derechos completamente distintos.
La Asamblea Nacional de Panamá, en sesión plenaria, aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 350, que establece este derecho para quienes han sobrevivido al cáncer. La propuesta contempla que, una vez transcurrido un lapso específico sin recaídas y con una certificación médica que confirme la recuperación, la persona podrá omitir su historial oncológico en determinados trámites.
Lo que establece el proyecto
El proyecto fija un periodo general de cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaídas, aunque incluye una tabla de referencia que permite plazos más cortos según el tipo y las características de la enfermedad. El propósito es evitar que una enfermedad ya superada resulte en primas más elevadas, restricciones, exclusiones o dificultades para obtener seguros, créditos y otros productos financieros.
La certificación requerida deberá acreditar la conclusión del tratamiento y el tiempo transcurrido sin recaídas. Este documento podrá ser emitido por el oncólogo tratante o por un comité integrado por especialistas de las sociedades de Oncología y Hematología de Panamá.
La propuesta también establece que, una vez cumplidos los requisitos, cualquier cláusula que intente imponer incrementos en las primas, restricciones o exclusiones debido a un antecedente oncológico superado será considerada nula. Aunque la iniciativa ya cuenta con el apoyo unánime de los diputados panameños, aún debe completar el proceso de sanción por parte del Poder Ejecutivo antes de convertirse oficialmente en ley.
Lo que busca el “derecho al olvido oncológico”
El debate tiene una dimensión que trasciende los seguros. El cáncer puede generar significativas repercusiones económicas para los pacientes y sus familias debido al costo de los tratamientos, las incapacidades laborales y la pérdida de ingresos, incluso después de concluida la fase más crítica de la enfermedad. El llamado derecho al olvido oncológico busca precisamente abordar esa etapa posterior: permitir que una persona que superó el cáncer pueda reconstruir su vida sin que el diagnóstico siga condicionando ciertas decisiones financieras.
Panamá se une así a una tendencia regional en la que ya avanzan países como Chile y Colombia, planteando una cuestión cada vez más pertinente: si una persona superó el cáncer y lleva años sin recaídas, ¿debe ese diagnóstico continuar influyendo en sus oportunidades financieras?
