La representación legal de Nicolás Maduro ha solicitado a una corte de Estados Unidos que anule los procedimientos penales en su contra, argumentando que goza de inmunidad soberana. Esta petición se basa en su condición de jefe de Estado de facto y en que las acusaciones se relacionan con actos inherentes a sus funciones oficiales, buscando así invalidar la jurisdicción del tribunal sobre el caso.
En Nueva York (EFE).- La defensa del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, ha solicitado la desestimación del proceso penal en su contra en Estados Unidos, esgrimiendo el principio de inmunidad soberana, según consta en los registros judiciales electrónicos. El abogado de Maduro, Barry Pollack, presentó dos solicitudes ante la corte: una para anular la totalidad de la acusación fundamentándose en la inmunidad soberana y otra, como alternativa, para descartar únicamente el cargo relacionado con la conspiración por narcoterrorismo.
Maduro enfrenta acusaciones de asociación ilícita para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento automático. Actualmente se encuentra detenido en una prisión de Nueva York, donde se gestiona su expediente, desde su arresto en Caracas el 3 de enero.
En la primera solicitud, se argumentó que un tribunal estadounidense carece de potestad para enjuiciar a Maduro, dado que es el «jefe de Estado de facto» y las acciones que fundamentan los cargos «corresponden a responsabilidades oficiales» y a las «atribuciones del Estado».
«El Tribunal no tendría autoridad sobre el señor Maduro si este fuera acreedor ya sea de inmunidad soberana por su posición como jefe de Estado o de inmunidad soberana por su conducta (…). Le corresponden ambas», se manifestó en el documento. Adicionalmente, se pidió cerrar el expediente «con perjuicio», lo que en la práctica impide que se pueda presentar la misma imputación.
En la segunda solicitud, el letrado solicitó la eliminación de la acusación de narcoterrorismo, sosteniendo que el tribunal tampoco posee jurisdicción y que el cargo no ha sido formulado adecuadamente conforme a la legislación estadounidense. El cargo «pretende inculpar a un ciudadano extranjero» por una «conducta enteramente foránea sin alegar correctamente el elemento jurisdiccional»; no establece su «intención de perjudicar a Estados Unidos, a sus ciudadanos o a sus intereses», y «no se encuentra dentro de la capacidad de regulación del Congreso», redactó Pollack.
