El Gobierno colombiano ha revocado la suspensión general que restringía el porte de armas de fuego, una medida justificada por el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión busca equilibrar la seguridad de los ciudadanos que cumplen la ley frente a la delincuencia organizada, manteniendo estrictos controles y requisitos para la emisión de permisos. Esta acción pone fin a una política que, según el mandatario, desfavorecía a la población legalmente armada.
Bogotá (EFE). – El Gobierno de Colombia revocó el martes la restricción total sobre los permisos para llevar armas de fuego, una determinación que el presidente, Abelardo de la Espriella, defendió argumentando que la prohibición dejaba en una situación vulnerable a los ciudadanos respetuosos de la ley frente a los delincuentes. “Suscribí el decreto que elimina la suspensión general de las licencias para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se limitó al ciudadano que acata las normas, mientras los criminales continuaron armándose de forma ilícita hasta los dientes. Esto debe cambiar”, afirmó De la Espriella en un video difundido en sus redes sociales.
El jefe de Estado aseguró que esta decisión no implica un porte indiscriminado de armamento, sino que se mantendrán los controles, condiciones y autorizaciones exigidas por las autoridades competentes. “Lo que finaliza es la suspensión general que transformaba la prohibición en la norma”, agregó De la Espriella, quien sostuvo que “la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano cumplidor de la ley y dejando armados a los malhechores”.
La medida revoca una suspensión que impedía a los titulares de permisos válidos portar armas sin una autorización especial adicional y restituye la efectividad de dichos permisos, aunque no permite el porte si estos se encuentran vencidos, suspendidos, anulados o revocados, ni cuando exista una restricción legal o judicial.
El decreto, que entrará en vigor este miércoles, instruye a las autoridades militares a implementar las acciones necesarias para restaurar la validez de los permisos individuales que estén vigentes.
El presidente informó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con actos delictivos. Según De la Espriella, 980 de esas armas estaban vinculadas a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, y 339 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ese es el poder de fuego que el Estado debe perseguir y desmantelar”, declaró el mandatario, quien prometió que las autoridades “arrebatarán” las armas ilegales “a los criminales”.
