La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instruido a las fuerzas de seguridad a no efectuar arrestos sin una orden judicial, salvo en situaciones de delito flagrante, como parte de una reforma al sistema de justicia penal. Esta medida busca fomentar un sistema más equitativo y transparente, abordando la corrupción, la lentitud procesal y la criminalización de la pobreza, mientras se reafirma el derecho a la protesta pacífica.
La líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio instrucciones a los cuerpos de seguridad del Estado para abstenerse de realizar arrestos sin una disposición judicial, excepto en circunstancias de delito evidente, formando parte de las acciones anunciadas para modificar el sistema de justicia penal del país. Durante su alocución a la nación, la mandataria ordenó a las autoridades que “ningún individuo sea detenido sin una orden judicial, salvo en situaciones donde se cometa un delito de forma flagrante”, a la vez que reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho constitucional. Rodríguez también enfatizó que las protestas deben efectuarse con respeto a la integridad física y moral de los funcionarios encargados de la seguridad.
La jefa de Estado aseguró que su administración se esfuerza por promover una justicia penal más equitativa, humana, diáfana e imparcial, a través de una consulta nacional orientada a combatir la corrupción, la dilación de los procedimientos judiciales y la estigmatización por pobreza. En ese marco, recordó que en enero se solicitó una transformación profunda del sistema judicial para recuperar la confianza de los ciudadanos y reforzar la credibilidad de las instituciones. Como parte de estas iniciativas, resaltó la aprobación de una ley de amnistía por unanimidad en la Asamblea Nacional, en febrero.
Según su declaración, la normativa ha beneficiado a aproximadamente 9,000 personas y ha posibilitado la puesta en libertad de más de 1,000, al poner fin a procesos penales surgidos de años de confrontación política. De igual forma, Rodríguez admitió que la Ley Contra el Odio había sido aplicada de manera excesiva, por lo cual solicitó su modificación para suprimir las sanciones penales y fortalecer su enfoque educativo. La mandataria señaló que la Asamblea Nacional presentó la enmienda legislativa y que el Tribunal Supremo de Justicia declaró su conformidad con la Constitución, mientras se prevé un extenso proceso de consultas. “Una vez promulgada, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente bajo este instrumento”, manifestó.
Rodríguez también planteó la necesidad de garantizar los derechos de participación ciudadana y robustecer la democracia interna de los partidos políticos. Finalmente, aseguró que Venezuela mantiene sus fronteras abiertas, aunque reiteró que la soberanía nacional no es objeto de negociación.
