Ante las protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, el presidente Daniel Noboa decidió trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga. La vicepresidenta se ubicará en Otavalo. Esta medida, según el gobierno, busca un diálogo directo con la ciudadanía y no altera el estatus de Quito como capital.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el traslado temporal de la sede del gobierno de Quito a Latacunga, provincia de Cotopaxi. Esta decisión busca acercar a las autoridades a las regiones afectadas por las recientes protestas, originadas por la eliminación del subsidio al diésel, facilitando así el diálogo directo con la población.
De acuerdo al decreto presidencial, la vicepresidenta, María José Pinto, desempeñará sus funciones en Otavalo, Imbabura.
El gobierno ecuatoriano enfatiza que esta descentralización administrativa no modifica el estatus de Quito como capital ni la estructura estatal. La función ejecutiva puede operar desde diferentes puntos del país, siempre priorizando el contacto directo con la ciudadanía.
El decreto presidencial destaca que la desconcentración y organización de la función ejecutiva implica no solo una reestructuración funcional, sino también una mayor proximidad física del gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para una gestión pública más inclusiva y cercana a las necesidades de la población.
El decreto también aclara que esta medida no afecta el equilibrio y la separación de poderes, ni modifica la capital del país. La capacidad de las instituciones de la función ejecutiva para operar desde cualquier punto del territorio nacional es fundamental.
El presidente Noboa firmó el decreto tras ordenar la eliminación del subsidio al diésel el viernes anterior y anunciar medidas compensatorias. Esta eliminación provocó un aumento inmediato en el precio del combustible, pasando de 1,80 a 2,80 dólares por galón en todo el país.
El gobierno estima un ahorro fiscal de 1.100 millones de dólares, recursos que se destinarán a programas sociales e incentivos a la producción nacional. La medida ha generado reacciones diversas; mientras cámaras empresariales la respaldaron, gremios de transportistas la rechazaron y convocaron a una suspensión de actividades en Pichincha a partir del 15 de septiembre si la decisión no se revierte. La Conaie advirtió sobre el riesgo de nuevas protestas.
El Frente Unitario de Trabajadores calificó el retiro del subsidio como perjudicial para los asalariados, argumentando que el transporte representa cerca del 20% del costo de la canasta básica, y que el alza del diésel podría incrementar la inflación anual hasta en tres puntos.
El gobierno defendió la medida afirmando que el subsidio generaba distorsiones en el mercado y no beneficiaba a la población más vulnerable. Los fondos liberados se destinarán prioritariamente a la protección social.
En materia de seguridad, el Ejército capturó en Maldonado (Carchi) a Ángel Polibio Quendi Güiz, alias “indio”, líder del Frente Iván Ríos, una facción disidente de las FARC. Se le acusa de minería ilegal, extorsión y delitos relacionados con economías ilícitas fronterizas, incluyendo cobros a mineros clandestinos y colaboración con organizaciones criminales mexicanas y locales. En el operativo se incautaron armas y municiones.
Esta captura se produce en el contexto de la declaratoria de “conflicto armado interno” contra grupos armados y criminales en Ecuador desde principios de 2024. Las autoridades militares destacaron que esta acción golpea la estructura de financiamiento ilegal en la frontera norte, mientras el país busca fortalecer el control y la seguridad regional.
