Un abogado penalista ha calificado de inaceptable la situación de un hombre que pasó casi dos décadas en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, señalando graves fallas en el sistema judicial dominicano. Este caso subraya una seria vulneración del debido proceso y la necesidad de una indemnización por parte del Estado para el afectado, quien recuperó su libertad tras la intervención de la Oficina de Defensa Pública.
El jurista especializado en derecho penal, Robinson Reyes, calificó como “inadmisible” que un individuo permaneciera casi dos décadas en reclusión provisional sin recibir una resolución judicial final. Considera que este hecho representa una grave infracción al proceso legal establecido y pone en evidencia deficiencias en las principales entidades del sistema de justicia de la República Dominicana. Esta declaración surge tras revelarse el caso de un ciudadano que estuvo detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006. Su medida de prisión preventiva, que debería ser excepcional y temporal, se extendió por casi veinte años sin que se emitiera una decisión judicial concluyente sobre su estatus procesal. El hombre recuperó su libertad gracias a la intervención de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi, después de que esta entidad implementara una estrategia legal que culminó con un fallo favorable de la Corte, dictado el 25 de febrero de 2026, que ordenó su liberación inmediata.
“Le falló la sociedad en su totalidad”
En declaraciones ofrecidas a N Digital, Reyes argumentó que el suceso constituye una de las más serias violaciones de derechos fundamentales registradas en el sistema penal dominicano. Afirmó que diversas instituciones no cumplieron con su obligación de garantizar un proceso judicial justo. “Simplemente fallaron las estructuras institucionales, falló el Ministerio Público, falló el Poder Judicial, falló el letrado que llevaba ese caso; en resumen, la sociedad entera le falló a ese ciudadano. Se le conculcaron todos sus derechos, se transgredió el debido proceso. ¡Por Dios!, es lamentable que en estos tiempos sigan ocurriendo situaciones como esa”, manifestó.
El experto legal consideró que el afectado debe recibir una compensación económica por parte del Estado dominicano, al entender que fue víctima de una privación de libertad injustificada durante casi veinte años. “No comprendo cómo en este siglo, si un individuo lleva 20 años en prisión y no se le ha conocido una medida de coerción, ese hombre debe ser resarcido por el Estado dominicano por una flagrante vulneración de sus derechos esenciales”, expresó.
Afirma que el procedimiento penal debió caducar
Desde una perspectiva legal, Reyes explicó que el proceso debió haber concluido hace años, dado que excedió ampliamente el plazo máximo establecido en el Código Procesal Penal. Señaló que nunca se celebró la audiencia preliminar y recordó que la legislación establece un límite de cuatro años para la finalización de un proceso penal. “Lo primero que haría sería pedir la caducidad del proceso. Procede por no haberse llevado a cabo la audiencia preliminar y por haber transcurrido el tiempo máximo para la conclusión del proceso, que es de cuatro años. La vía más expedita sería declarar la extinción de la acción penal”, indicó.
Añadió que incluso el Ministerio Público debió haber solicitado esa medida. “El Ministerio Público incluso debería solicitarlo. Al fin y al cabo, el ciudadano ya cumplió 20 años por un homicidio, que es la pena máxima aquí por ese delito. Entonces, declarar extinguida la acción sería un beneficio, puesto que él ya cumplió el tiempo en prisión”, afirmó.
Un expediente se paralizó por casi dos décadas
Según la información proporcionada por la Defensa Pública, durante la revisión del expediente, los abogados encontraron informes médicos que certificaban que el interno padecía una condición de salud mental. Asimismo, verificaron que el 19 de marzo de 2009, la Defensa Técnica y el Ministerio Público solicitaron al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables, considerando la condición psiquiátrica del acusado. Sin embargo, esa solicitud fue denegada y el tribunal dispuso la suspensión de la acción penal hasta que el ciudadano recuperara su salud mental.
Esa decisión se convirtió en un estancamiento judicial que se prolongó por casi veinte años, tiempo durante el cual permaneció privado de libertad sin una resolución definitiva. Ante esta situación, la Defensa Pública interpuso una acción de hábeas corpus y posteriormente un recurso de apelación, acciones que permitieron revertir una de las más prolongadas restricciones al derecho fundamental a la libertad registradas en el país.
Pide reforzar los controles del sistema
Al ser consultado sobre cómo prevenir que una situación similar se repita, Reyes recordó que cuando ocurrieron los hechos, las prisiones estaban bajo la supervisión del Ministerio Público. Sin embargo, en la actualidad, esa responsabilidad recae en el Ministerio de Justicia. En ese sentido, consideró que dicha institución deberá fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que las personas permanezcan privadas de libertad durante años sin que sus procesos sean resueltos. “Ahora será el Ministerio de Justicia quien tenga que implementar los controles necesarios para que esas situaciones no sigan ocurriendo”, señaló.
Al evaluar la relevancia del caso, el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que la decisión judicial reafirma el compromiso de la institución con la salvaguarda de los derechos fundamentales. “Este resultado reafirma nuestra responsabilidad de asegurar que ninguna persona permanezca sin visibilidad dentro del sistema de justicia. La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto absoluto de las garantías constitucionales son principios que guían nuestro quehacer diario”, expresó.
