El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional da inicio este miércoles al juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el denominado caso de corrupción. La Fiscalía acusa a Rodríguez de liderar una red administrativa ilícita durante su gestión en la Procuraduría, que habría ocasionado un perjuicio económico significativo. El proceso busca esclarecer las presuntas irregularidades y el desvío de recursos públicos.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará inicio este miércoles a la fase de juicio principal en contra del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás sujetos involucrados en el caso conocido. La representación del Ministerio Público sostiene que Rodríguez encabezó una presunta red de corrupción administrativa que habría operado mientras estuvo al frente de la Procuraduría General de la República, entre los años 2016 y 2020.
De acuerdo con la acusación formal, esta trama generó un daño económico que excede los RD$ 6,000 millones, a través de maniobras engañosas vinculadas a procesos de contratación, adquisiciones, pagos efectuados de forma irregular y el manejo de los recursos públicos pertenecientes a la institución. La imputación también incluye a diversos exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría, a quienes el órgano acusador les atribuye participación en una estructura dedicada al desvío de fondos estatales y otras anomalías administrativas.
Una parte de los acusados ha reconocido su responsabilidad en los hechos imputados y ha alcanzado acuerdos con el Ministerio Público a lo largo del desarrollo del proceso judicial.
El tribunal solicita evitar el uso del término “Medusa”
La sala judicial reiteró al Ministerio Público y a las demás partes involucradas la necesidad de abstenerse de emplear la palabra “Medusa” para referirse al caso durante el transcurso del proceso, en cumplimiento de la directriz ya establecida por el Tribunal Constitucional sobre la utilización de sobrenombres en expedientes judiciales.
En tal sentido, el tribunal concluyó que el uso previo del nombre por el cual fue conocido el caso no vulneró el derecho a la defensa de los imputados, aunque dispuso que, de ahora en adelante, las partes se refieran al expediente sin utilizar ese calificativo.
