Un nuevo Código Penal, que entrará pronto en vigor, clasifica el feminicidio como delito independiente y endurece sus penas. Sin embargo, las estadísticas oficiales revelan que la mayoría de las mujeres asesinadas nunca denunciaron la violencia previa, destacando un desafío crucial en la activación de mecanismos de protección antes de que los crímenes ocurran. La reforma busca abordar esta problemática al ampliar las circunstancias que califican este delito.
Mientras la nación se prepara para la implementación de un renovado Código Penal que establece el feminicidio como una infracción autónoma y expande las circunstancias para sancionarlo con mayor severidad, los datos oficiales revelan una realidad que continúa desafiando el marco legal: la mayoría de las mujeres que perdieron la vida por esta causa jamás habían reportado la agresión que padecían. Esta modificación legislativa surge en un contexto donde la Fiscalía reportó 22 feminicidios entre enero y marzo de 2026; de estos, únicamente tres víctimas habían presentado quejas previas, a pesar de que en el mismo periodo se registraron 17,552 denuncias por agresiones de género, intrafamiliares y delitos sexuales.
Conforme al artículo 93, se considera feminicidio el acto que ocasiona la muerte de una mujer por su condición de género, sin importar su edad, tipo de relación de pareja o el lugar donde acontezca. Adicionalmente, el artículo 94 del nuevo Código define explícitamente el delito de feminicidio agravado y especifica 20 situaciones que permiten tipificarlo como tal, con sanciones que pueden alcanzar hasta cuarenta años de prisión y multas de mil salarios mínimos del sector público.
El nuevo Código establece que existirá feminicidio cuando haya existido o se haya intentado establecer un vínculo sentimental, afectivo o de confianza entre el agresor y la víctima; cuando el deceso haya sido precedido por algún episodio de violencia contra la mujer, incluso si nunca fue denunciado; cuando el agresor posea antecedentes de violencia contra mujeres o cuando cometa el acto aprovechándose de relaciones de poder de índole personal, económica, sexual, política o sociocultural.
Uno de los cambios más innovadores se encuentra en el artículo 95, que crea la figura del feminicidio conexo. Este ilícito penaliza a quien cause la muerte de una mujer que no era el objetivo principal, pero que fallece dentro de un escenario de violencia feminicida. El Código estipula para estos casos penas de 20 a 30 años de prisión, además de multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.
Las cifras oficiales evidencian, sin embargo, que el endurecimiento del marco legal coexiste con un reto persistente: la dificultad para activar los mecanismos de protección antes de que el crimen se consume. Durante el mismo trimestre, la Fiscalía recibió 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. De estas, el 89.43 % correspondieron a violencia intrafamiliar y violencia de pareja: 52.49 % por violencia intrafamiliar y 36.94 % por violencia de género. El 10.57 % restante se vinculó a delitos sexuales.
El informe también identifica patrones recurrentes: los hombres concentran la mayoría de los casos como presuntos perpetradores, mientras las mujeres figuran como las principales afectadas. Además, el 49 % de los incidentes involucra a exparejas, seguido por las parejas actuales (18.25 %). La Fiscalía informó que durante el trimestre gestionó 7,644 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales 2,234 fueron concedidas. Asimismo, la Dirección de Atención a Víctimas brindó acompañamiento legal, psicológico y social, mientras el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia atendió a 1,086 usuarias y la Línea Vida gestionó 2,853 interacciones, la mayoría relacionadas con peticiones de información.
La inclusión del feminicidio como delito autónomo y la expansión de los supuestos contemplados en los artículos 93, 94 y 95 representan una de las modificaciones más significativas del nuevo Código Penal; no obstante, las estadísticas de la Fiscalía demuestran que uno de los principales desafíos sigue siendo que las víctimas logren acceder a los sistemas de protección antes de que la violencia escale hasta un desenlace fatal.
