El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, ha hecho un llamado a la Procuraduría General de la República para que priorice medidas alternativas a la prisión preventiva, la cual, según él, se aplica excesivamente. Valentín también expresó su preocupación por el endurecimiento de las penas en el nuevo Código Penal, argumentando que un aumento de sanciones no disminuye la criminalidad. Asimismo, advirtió sobre la posible sobrecarga del sistema judicial y penitenciario debido a las nuevas tipificaciones.
El titular de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, instó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a los representantes del Ministerio Público a favorecer el uso de soluciones alternativas para la resolución de conflictos, en lugar de recurrir de forma constante a la detención preventiva. Valentín afirmó que esta medida cautelar debe emplearse de manera excepcional, según lo establecido por la Constitución, y no transformarse en la práctica habitual dentro del sistema judicial. “Hago un llamado de atención al Ministerio Público, a esos fiscales que solo piensan en la prisión preventiva”, manifestó durante una entrevista en el programa El Día.
Valentín también censuró y puso en tela de juicio el endurecimiento y la acumulación de condenas estipuladas en el reciente Código Penal, al considerar que la elevación de las sanciones no reduce el índice de criminalidad. “En ninguna parte del mundo el incremento de las penas ha solucionado ni ha persuadido a nadie para evitar la comisión de un crimen o un delito”, expresó. Además, sostuvo que la sociedad ha concebido la sanción penal únicamente como un castigo, sin que esto contribuya a resolver el problema de la delincuencia. “Considero que es sensacionalismo por parte del legislador el hecho de aumentar las penas”, afirmó Valentín.
El director de la Defensa Pública indicó que el nuevo Código Penal introduce aproximadamente 70 nuevas categorías de delitos y cuestionó si el sistema de justicia posee la capacidad necesaria para afrontar el incremento de imputaciones, denuncias, querellas y encarcelamientos que podrían surgir de estas nuevas definiciones. “Sin tener esos tipos penales, nosotros tenemos niveles de hacinamiento de un 700 % en los centros carcelarios”, declaró, alertando que el sistema penitenciario ya enfrenta una situación crítica de sobrepoblación.
