Después de más de treinta años de deliberaciones y múltiples intentos fallidos, el Congreso Nacional ha completado la aprobación del nuevo Código Penal. La normativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, marcando un hito legislativo significativo. Esta reforma integral busca modernizar el marco legal del país, adaptándolo a las realidades sociales y criminales actuales.
Por Elmer Féliz. — Después de más de tres décadas de discusiones, enmiendas y propuestas inconclusas, la nueva legislación penal superó su etapa final en el Congreso Nacional este miércoles, siendo enviada al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader proceda con su eventual promulgación. El texto fue respaldado por el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, después de que los legisladores declararan de carácter urgente el proyecto que incorpora las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la Ley 74-25, la cual establece el nuevo Código Penal. Con esta votación, el Congreso concluye el proceso legislativo de una de las reformas más debatidas en la historia democrática de la nación, dejando ahora en manos del Poder Ejecutivo la potestad de validar o cuestionar la normativa.
El Congreso finaliza un debate de más de tres décadas.
La aprobación señala el fin de un proceso que se inició hace más de treinta años y que transitó por numerosas legislaturas sin alcanzar un acuerdo definitivo. Durante la sesión, el Senado aceptó las 32 modificaciones presentadas por la Cámara de Diputados, consolidando la versión final de la legislación. Las correcciones incluyen cambios en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas, la expansión de dicha responsabilidad, nuevas estipulaciones sobre el acoso, incluyendo el cibernético, la violencia familiar, los ataques con sustancias químicas, la discriminación, el proxenetismo, la difusión ilícita de contenido privado, el exhibicionismo sexual, el acoso agravado, el abandono de menores, la malversación de fondos públicos, el perjurio, la difamación, la violación de propiedad, el ultraje en el ámbito judicial y las certificaciones médicas falsas, entre otros aspectos. Los promotores de la reforma argumentan que el nuevo Código responde a una situación social y delictiva diferente a la existente cuando la legislación actual fue emitida hace más de un siglo.
Una sesión caracterizada por opiniones divergentes.
Aunque la aprobación contó con el respaldo de la mayoría del Senado, la discusión estuvo acompañada de objeciones por parte de algunos legisladores. Los senadores de la Fuerza del Pueblo presentaron varias propuestas de enmienda que fueron rechazadas por el pleno. Asimismo, el senador Antonio Taveras expuso observaciones que no tuvieron éxito. Al finalizar la sesión, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, criticó la actuación de quienes votaron a favor del proyecto. “De muchos individuos que presionan un botón y levantan la mano para cualquier propuesta que se presente, como se aprobó el Código Penal y se aprueban otros proyectos”, declaró el legislador, mientras hacía un llamado a la ciudadanía para que elija representantes que, a su parecer, demuestren un mayor grado de autonomía en el Congreso.
Genao celebra un “día de alegría”.
En contraste, el senador por La Vega, Rogelio Genao, describió la aprobación como un instante histórico para el Congreso Nacional. El legislador recordó que ha participado en la discusión del Código Penal desde 1994, cuando era diputado, y afirmó que finalmente se logró aprobar una reforma esperada durante más de treinta años. “Es una pieza anhelada y con un recorrido congresional de más de treinta años. Hoy ese esfuerzo se ha materializado”, expresó. Genao aseguró que el nuevo Código Penal permitirá reemplazar una legislación que calificó de “napoleónica” por un instrumento jurídico moderno. Además, sostuvo que la nueva normativa ya es considerada “una de las más avanzadas de Iberoamérica”, aunque reconoció que, como cualquier legislación, puede ser mejorada en el futuro. “Aun siendo una pieza susceptible de mejora, ha sido una gran labor”, manifestó. El senador también defendió el proceso de discusión, señalando que durante la fase final se incorporaron comentarios de diversos sectores sociales antes de la aprobación definitiva.
La decisión ahora recae en el Poder Ejecutivo.
Con la aprobación final por ambas cámaras, el proyecto es ahora remitido al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader deberá decidir si promulga la ley o ejerce su facultad constitucional de objetarla. En caso de ser promulgada, República Dominicana contará con un nuevo Código Penal que reemplazará una normativa vigente desde el siglo XIX, incorporando nuevas tipificaciones penales, actualizando las sanciones y adaptando el sistema penal a los desafíos contemporáneos. La determinación del Poder Ejecutivo marcará el último paso de una reforma que durante décadas figuró entre las principales deudas legislativas del país.
