El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, está promoviendo una reforma legal que busca impedir la participación de partidos opositores en futuras elecciones. Esta iniciativa, que se votaría en agosto, es vista por el oficialismo como una medida para evitar injerencias externas en los comicios. Sin embargo, ha generado preocupación internacional y críticas de la oposición, que la interpreta como un paso hacia un sistema de partido único.
El gobierno de Nicaragua se dirige hacia la aprobación de una enmienda que prohibiría a las agrupaciones políticas contrarias intervenir en los futuros procesos electorales. Esta propuesta, impulsada por el presidente Daniel Ortega, se espera que sea sometida a votación durante la primera semana de agosto, según fuentes oficialistas. La Asamblea Nacional y el órgano electoral, ambos bajo el control del partido gobernante, comenzaron este miércoles a definir los detalles de las nuevas disposiciones.
La copresidenta Rosario Murillo declaró que el propósito es evitar elecciones “dirigidas por Estados Unidos” y afirmó que dicho esquema “no regresará jamás” al país. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, adelantó que las reformas tienen como objetivo eliminar cualquier posibilidad de “manipulación” foránea en los comicios. Este anuncio surge pocos días después de que Ortega manifestara, durante la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, que no consentirá procesos electorales en los que participen sectores opositores, a quienes calificó de “traidores a la patria”.
La propuesta ha generado reacciones de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. Estados Unidos advirtió que no se quedará “inactivo” ante los planes del gobierno nicaragüense, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una “constante disminución del Estado de derecho” en el país. Diversos movimientos opositores en el exilio argumentan que la reforma busca consolidar un sistema de partido único y cerrar de manera definitiva la vía electoral como mecanismo para solucionar la crisis política. También alertan que la medida podría intensificar el exilio y aumentar la migración de ciudadanos nicaragüenses.
Ortega, quien retornó al poder en 2007 y ha sido reelegido en tres ocasiones en procesos cuestionados por la comunidad internacional, aseguró que las nuevas normativas impedirán que los opositores lleguen al poder con respaldo extranjero. Sus críticos sostienen que la iniciativa responde al temor de enfrentarse a elecciones competitivas y comparan el modelo que promueve con los sistemas políticos de partido único existentes en Cuba, China y Corea del Norte. Desde las protestas de 2018, cuya represión causó más de 300 fallecimientos, según la ONU, el gobierno ha intensificado las acciones contra líderes opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles. En los últimos años, cientos de personas han sido encarceladas, despojadas de su nacionalidad o forzadas al exilio.
