El Ministerio Público ha interpuesto un recurso de apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Buscan revertir la sentencia que declaró extinguida la acción penal contra los acusados en el caso de la venta irregular de terrenos estatales en Los Tres Brazos. La decisión judicial anterior fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, argumentando el vencimiento del plazo máximo del proceso.
El Ministerio Público solicitó este jueves a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que se revoque la decisión que declaró terminada la acción penal contra los individuos implicados en la transacción irregular de propiedades del Estado en la zona de Los Tres Brazos, ubicada en Santo Domingo Este. Entre los imputados se encuentran Leoncio Almánzar Objío, quien fuera director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El tribunal, compuesto por los magistrados Ysis Muñiz, en la presidencia; Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera, anunció que emitirá su veredicto el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
El recurso fue presentado en contra de la sentencia penal 941-2024-SSEN-00082, dictada el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual decretó la finalización de la acción penal debido a que se había superado el tiempo máximo de duración del proceso.
El Ministerio Público argumenta que el tribunal aplicó la legislación de manera incorrecta y que la resolución no concuerda con la acusación ni con las pruebas presentadas. Por esta razón, solicitaron que la sentencia sea anulada y que se ordene la continuación del juicio contra los imputados.
“En la jornada de hoy, el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso de apelación en contra de la extinción del proceso penal”, afirmó la procuradora de corte Rosa Pichardo al concluir la audiencia.
La apelación fue respaldada por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien es el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
El recurso también abarca a las compañías Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L.; Inversiones Fernández Parache (Infepa); Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
Según la acusación, el grupo participó en la venta ilegal de aproximadamente cuatro millones de metros cuadrados de terrenos que eran propiedad del Estado, a través de una operación con la que esperaban obtener cerca de RD$5,000 millones.
El expediente establece que los implicados transfirieron propiedades estatales y ejercieron presión sobre los residentes de Los Tres Brazos para que adquirieran los terrenos donde habían vivido por varias décadas.
El Ministerio Público asegura que funcionarios y particulares se unieron para quebrantar el ordenamiento constitucional y legal, perjudicar el patrimonio público y obtener ganancias económicas mediante la comercialización de los inmuebles.
El caso fue tipificado como una presunta infracción de los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, así como de la Ley 340-06 referente a Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
