República Dominicana ha convocado a su embajadora en Nicaragua para consultas, luego de que el presidente Daniel Ortega declarara que no habrá más elecciones en su país. Esta acción subraya la condena dominicana a lo que considera una violación de los principios democráticos y los compromisos interamericanos. El gobierno dominicano reafirma el derecho de los pueblos americanos a la democracia y la obligación de sus gobiernos de defenderla.
Siguiendo directrices del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano ha llamado a su embajadora en Nicaragua para consultas. Esta decisión surge tras recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses que contradicen los principios democráticos y las responsabilidades asumidas dentro del sistema interamericano.
A través de un comunicado, República Dominicana reiteró su postura de que “los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
Previamente, la Cancillería dominicana había censurado con “la mayor vehemencia” las recientes afirmaciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien sostuvo que en su nación “no volverán a haber elecciones”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano afirmó que tal declaración representa un “claro desconocimiento de los fundamentos esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense” a elegir libremente a sus líderes mediante procesos electorales periódicos, libres, justos, transparentes y plurales.
“Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.
República Dominicana consideró que “ningún gobierno” puede atribuirse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de manifestar su voluntad soberana periódicamente a través del voto, ni de cerrar de manera unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
“El Gobierno dominicano insta a las autoridades nicaragüenses a corregir esta postura y a garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones genuinas, competitivas y democráticas”, indicó la Cancillería.
El documento aseguró que el país reafirma su compromiso “inquebrantable” con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios y obligaciones que representan compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrada el 19 de julio, Ortega afirmó que “aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, declaró que sí se realizarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las proteja de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria” dentro del país.
“Lo importante es que dejemos en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros”, dijo Porras.
