La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que recurrirá la resolución que exige al Ministerio Público abonar RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, vinculado al caso Intrant. La entidad argumenta que la jueza que emitió la orden ya no tenía jurisdicción sobre el expediente y que la sanción económica impuesta es desproporcionada.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que presentará una apelación contra la determinación que instruye al Ministerio Público a desembolsar RD$7,560,000 a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, implicado en el proceso judicial por presunta corrupción que involucra a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros individuos.
El organismo acusador sostiene que la resolución presenta serias deficiencias procesales, ya que fue dictada por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a pesar de que, según la Pepca, había sido despojada del expediente desde el 24 de octubre de 2025. Desde esa fecha, el caso fue transferido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que llevó a cabo la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio contra los acusados.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado indicaron que la jueza también habría desvirtuado el concepto jurídico de la astreinte, que es una penalidad económica establecida para asegurar el cumplimiento de una disposición judicial. Según la Pepca, la magistrada transformó dicha sanción en una cantidad excesiva a favor de una persona procesada por supuesta corrupción administrativa.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y disponemos de 20 días para interponer el recurso de apelación”, manifestó Pérez. El fiscal recordó que el proceso judicial contra Álvarez Carbuccia y los demás imputados será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con una sesión fijada para el próximo 11 de agosto.
La controversia surgió a raíz de la restitución de varios bienes incautados a Álvarez Carbuccia durante un registro efectuado en octubre de 2024. Aunque la mayoría de los objetos ya habrían sido entregados, aún queda pendiente un teléfono Samsung S3. En junio de 2025, la jueza ordenó al Ministerio Público devolver los bienes e impuso una astreinte de RD$20,000 diarios por cada jornada de retraso. La suma solicitada corresponde a la acumulación de esa sanción por la no entrega del dispositivo.
El Ministerio Público argumenta que el teléfono tiene un valor aproximado de RD$3,000 y considera inapropiado que la falta de entrega del aparato genere un pago superior a RD$7.5 millones. Álvarez Carbuccia, quien fue director administrativo y financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), está acusado de emitir supuestas certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria, según el expediente presentado por la Pepca.
La acusación atribuye a Hugo Beras presuntas irregularidades en la asignación de contratos mientras dirigía el Intrant, así como su participación en determinaciones relacionadas con la red semafórica y el sistema de videovigilancia. A Jochi Gómez, por su parte, el Ministerio Público lo señala como presunto beneficiario de contratos otorgados a empresas vinculadas con el control de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y tecnología.
Los imputados fueron remitidos a juicio el pasado 5 de junio por cargos que incluyen presunto lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, sustracción de identidad, crímenes de alta tecnología, contrabando e infracciones a la Ley de Armas. La Pepca anticipó que presentará, dentro del plazo legal, sus argumentos para solicitar que la decisión sobre el pago de los RD$7.5 millones sea revocada.
