El Ministerio Público ha anunciado su intención de apelar una sentencia que lo obliga a pagar RD$7.5 millones a un imputado del caso Camaleón por la incautación de un teléfono móvil. La institución considera que la decisión judicial presenta graves defectos procesales y cuestiona la competencia del tribunal, además de la interpretación de la figura de la astreinte, calificando la suma como desproporcionada.
La Fiscalía General ha declarado que impugnará la resolución judicial que exige el desembolso de RD$7.5 millones a un acusado del expediente Camaleón, relacionada con la confiscación de un aparato móvil. El organismo sostiene que la sentencia está profundamente viciada por serios errores de procedimiento.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) comunicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, quien preside el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó el veredicto a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia. Sin embargo, según la parte acusadora, la magistrada ya no tenía jurisdicción sobre el caso desde el 24 de octubre de 2025, fecha en que el expediente fue transferido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que la impugnación también pondrá en tela de juicio la interpretación que la jueza hizo del concepto de astreinte, argumentando que fue distorsionada para establecer una cantidad que consideran excesiva. “Recibimos la notificación de la decisión el jueves y disponemos de 20 días para presentar el recurso de apelación”, señaló Pérez.
El representante del Ministerio Público afirmó que el juzgado que actualmente tramita el proceso por corrupción tampoco tiene potestad para resolver sobre la demanda del equipo telefónico promovida por Álvarez Carbuccia, dado que no es un tribunal de índole administrativa.
La resolución exige el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte vinculada a la devolución de bienes que, según la Pepca, ya fueron entregados al imputado, quien adicionalmente reclama un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor en el mercado ronda los RD$3,000.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia se encuentra entre los acusados del caso Camaleón, en el cual también están imputados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a otros procesados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Álvarez Carbuccia emitió certificaciones presupuestarias falsas del Intrant para favorecer el esquema de corrupción investigado. El expediente también imputa a Hugo Beras haber facilitado adjudicaciones irregulares a compañías sin la capacidad técnica necesaria durante su gestión al frente del Intrant, mientras que a José Ángel Gómez Canaán se le señala como beneficiario de contratos fraudulentos a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ejercer control sobre los sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico.
El Ministerio Público recordó que el proceso fue enviado a juicio el pasado 5 de junio y que la primera audiencia está programada para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los imputados enfrentan cargos por blanqueo de capitales, malversación de fondos, asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado, sabotaje, suplantación de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y transgresión de la Ley de Armas, entre otras acusaciones.
