La actual sesión legislativa del Congreso Nacional está a punto de finalizar el 26 de julio, lo que podría provocar la caducidad de numerosos proyectos de ley cruciales. Si estas iniciativas no se aprueban antes de la fecha límite, deberán reiniciarse desde cero, retrasando reformas prioritarias en áreas como el empleo, la seguridad y la justicia, que han sido debatidas durante años sin alcanzar el consenso necesario.
El 26 de julio marca el término de la presente legislatura ordinaria del Congreso Nacional. Con esta fecha límite, una multitud de propuestas legislativas podrían expirar si no reciben la aprobación requerida. Esto implicaría que tales iniciativas tendrían que ser presentadas de nuevo, reiniciando por completo su recorrido parlamentario y postergando una vez más transformaciones consideradas esenciales para la nación desde hace años.
A pocas horas de que concluya el período legislativo, el Congreso Nacional mantiene una extensa lista de proyectos pendientes. Aunque varias de estas propuestas han sido objeto de discusión por años y son vistas como fundamentales para diversos sectores, ninguna ha logrado completar el procedimiento legislativo antes de que venza el plazo. La falta de acuerdo, las discrepancias políticas y el ritmo de los trabajos legislativos mantienen en vilo reformas que inciden en ámbitos como el trabajo, la seguridad pública, la administración de justicia, la asistencia sanitaria y la actualización del Estado.
Una de las propuestas más significativas es la modificación del Código de Trabajo, una iniciativa que busca modernizar la normativa laboral actual para ajustarla a las nuevas formas de empleo, fortalecer los derechos de los trabajadores y actualizar las relaciones entre empleados y empleadores. A pesar de haber sido aprobada en el Senado, el proyecto sigue estancado en la Cámara de Diputados debido a las divergencias entre empresarios y sindicatos, principalmente en lo referente a la indemnización por despido y otros beneficios laborales.
La modificación del Código de Trabajo se ha convertido en una de las propuestas que más controversia ha suscitado entre los sectores empresarial y sindical. Las diferencias se concentran en varios artículos, especialmente los relacionados con la cesantía laboral y otros derechos adquiridos por los empleados. En este contexto, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), aseguró que “no es cierto que a la reforma laboral le haga falta más diálogo”, al argumentar que la iniciativa ha sido ampliamente discutida durante años. Según su criterio, las presiones para dilatar su aprobación provienen de grupos empresariales que pretenden reabrir aspectos que ya habían sido acordados.
Otra propuesta que podría quedar sin resolver es la Reforma Policial, impulsada como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional. El proyecto busca fortalecer la carrera policial, establecer nuevos mecanismos disciplinarios, mejorar la supervisión institucional y elevar los estándares de profesionalización de los agentes. No obstante, la pieza se encuentra en estudio en el Senado sin lograr el consenso necesario para su aprobación.
También figura la modificación a la Ley de Seguridad Social, un cambio ampliamente solicitado por diversos sectores para optimizar el sistema de salud y pensiones. La propuesta contempla ampliar la cobertura médica, reducir el gasto directo de los afiliados, revisar el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), además de introducir ajustes que hagan más eficiente el sistema. Las divergencias entre las partes involucradas han impedido el avance del proyecto.
Entre las iniciativas pendientes también se halla el nuevo Código Civil, una reforma que busca reemplazar una legislación con más de un siglo de antigüedad para actualizar normativas relacionadas con la familia, los contratos, las herencias, el patrimonio y otros derechos civiles. Aunque ha sido objeto de estudio por varios años, el proyecto aún no cuenta con un informe definitivo que permita su discusión en el pleno.
Otro de los proyectos que permanece sin aprobación es la Ley General de Aguas, considerada una de las iniciativas más antiguas del Congreso. Su propósito es establecer un marco legal para regular el uso, la protección y la gestión de los recursos hídricos del país, además de definir las responsabilidades de las instituciones encargadas de su administración. La falta de acuerdo ha provocado su estancamiento durante varias legislaturas.
Del mismo modo, sigue pendiente la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que pretende reemplazar la normativa vigente sobre prensa y comunicación para adaptarla a la realidad de los medios digitales y las nuevas plataformas tecnológicas. La propuesta ha generado amplios debates entre periodistas, juristas, dueños de medios y organizaciones de la sociedad civil, por lo que aún espera un informe final para ser considerada por el Congreso.
Los partidos de oposición atribuyen el estancamiento de importantes propuestas legislativas a la falta de voluntad política del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Sostienen que, mientras estas reformas permanecen sin ser discutidas o aprobadas, el partido en el poder ha demostrado que puede acelerar la consideración y aprobación de otras iniciativas cuando estas forman parte de las prioridades del Poder Ejecutivo, como los proyectos de préstamos y otras piezas de carácter fiscal.
En ese sentido, Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, afirmó que “este Gobierno demuestra que no tiene interés en los proyectos que benefician a la gran mayoría de los dominicanos”.
A estas reformas se suman otras propuestas que también podrían caducar con el cierre de la legislatura, entre ellas la modificación al Código de Procedimiento Civil, la Ley de Salud Mental, la Ley de Cambio Climático y la Ley de Gestión de Ciberseguridad. Si no son aprobadas antes del fin de la legislatura, estas y otras iniciativas serán archivadas y deberán ser presentadas de nuevo para iniciar nuevamente todo el procedimiento congresual. Esto prolongaría la espera de reformas consideradas estratégicas para el país en áreas como el empleo, la seguridad ciudadana, la justicia, la salud, el medio ambiente y la modernización del Estado.
