Cientos de contratistas de obras escolares instan al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación a devolver fondos que, según su denuncia, fueron retenidos indebidamente durante el Plan Nacional de Edificaciones Escolares. Los reclamos incluyen retenciones del 1% para FOPETCONS y los intereses de líneas de crédito bancarias. La prolongación de esta situación ha generado graves dificultades económicas para muchos.
Numerosos empresarios dedicados a la edificación de escuelas públicas han reiterado su llamado al primer mandatario, Luis Abinader, y al titular de la cartera educativa, Luis Miguel De Camps, con el fin de que se restituyan fondos que, conforme a sus declaraciones, les fueron descontados de manera improcedente mientras ejecutaban proyectos del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).
En un comunicado oficial, la Unión de Contratistas de Obras del Ministerio de Educación (UCOCOMI) explicó que una parte de las objeciones se refiere a deducciones del 1 % establecidas en la Ley 6-86, vinculadas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS). De acuerdo con esta entidad, dicha aportación recae sobre el propietario del proyecto, que en estos casos sería el Ministerio de Educación (Minerd) o la actual Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), y no sobre los contratistas. Por este motivo, UCOCOMI considera que las sumas descontadas en las valoraciones y pagos fueron retenidas sin justificación legal.
La organización argumenta, además, que para aplicar ese 1 % sobre los gastos directos, el monto debería haber estado incluido dentro de los gastos generales del presupuesto base de los sorteos del 1 al 4, correspondientes al Plan Nacional de Edificaciones Escolares. Los contratistas también demandan la restitución de los intereses devengados por líneas de crédito en el Banco de Reservas, las cuales, según su explicación, fueron autorizadas por el Minerd para garantizar la continuidad de las construcciones de los centros educativos.
UCOCOMI afirma que la devolución de estos intereses estaría respaldada por la Ley 118-21 y su extensión a través de la Ley 83-24, según lo expuesto por la organización en su declaración. Los contratistas pidieron que los recursos sean reembolsados con celeridad y aseguraron haber sostenido reuniones en diversas ocasiones con funcionarios del Minerd sin que, hasta el momento, se haya logrado una resolución definitiva.
Advirtieron que la demora en este proceso ha colocado a una gran cantidad de ingenieros y contratistas en una situación financiera compleja, algunos, según la organización, al borde de la ruina económica. Finalmente, los profesionales hicieron un llamado al presidente Abinader y a las autoridades competentes para que atiendan sus peticiones. “No estamos solicitando, estamos exigiendo que nos devuelvan lo que nos corresponde”, manifestaron los contratistas en el comunicado.
