El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha introducido su nuevo servicio complementario, SeNaSa Ultra, ofreciendo una amplia cobertura de hasta RD$4 millones anuales para tratamientos de alto costo. Este lanzamiento ocurre mientras la entidad enfrenta procesos judiciales por presuntas irregularidades, incluyendo los casos 'Operación Cobra' y 'Onco 14', que han generado un intenso debate público y demandas de justicia por parte de diversos sectores.
Mientras los tribunales dominicanos continúan manejando los litigios relacionados con supuestas irregularidades en los fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la administradora estatal ha desvelado una nueva fase en su oferta de servicios adicionales, denominada SeNaSa Ultra. Este plan contempla coberturas que ascienden a RD$4 millones anualmente para servicios médicos de alto costo.
La presentación de esta nueva propuesta acontece en un panorama marcado por los expedientes 'Operación Cobra' y 'Onco 14', los cuales han situado a la institución en el centro de la controversia judicial y han provocado exigencias de diversos segmentos de la sociedad para que los responsables de las faltas respondan ante la ley. Las acusaciones sobre el manejo de los recursos de SeNaSa generaron pronunciamientos de diferentes estamentos y autoridades. Entre ellos, Francisco Ozoria, quien en septiembre de 2025 ejercía como arzobispo metropolitano de Santo Domingo, solicitó justicia y una "mano firme" contra los implicados en los hechos denunciados en la aseguradora pública. De igual forma, Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y voceros de la Iglesia católica demandaron investigaciones rigurosas, consecuencias para los culpables y una acción judicial que combata la impunidad. Participación Ciudadana solicitó explícitamente una indagación "exhaustiva, profunda y transparente", así como repercusiones para quienes resultaran responsables, sin importar sus cargos o afinidades políticas.
Operación Cobra y los fondos de SeNaSa
En el caso 'Operación Cobra', la Fiscalía sostiene que durante varios años operó dentro de SeNaSa una estructura dedicada a la desviación de fondos públicos, la manipulación de procesos internos y el beneficio económico de funcionarios y personas con vínculos en la institución. El expediente estima que el perjuicio causado a las reservas técnicas de la ARS superó los RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024. Entre los principales acusados se encuentra el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, a quien el Ministerio Público señala como el líder de la red. El organismo acusador ha imputado al grupo delitos relacionados con corrupción administrativa, fraude, falsificación y lavado de activos, entre otras infracciones.
Las peticiones de Ozoria
El 24 de septiembre de 2025, durante la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, Francisco Ozoria, entonces arzobispo metropolitano de Santo Domingo, dedicó una porción de su homilía a demandar justicia y consecuencias para aquellos que hubieran sustraído recursos de SeNaSa. "Hemos tenido funcionarios que sustraen bienes y al poco tiempo transitan como si nada. De igual forma, ahora tenemos esa incertidumbre: que quien haya robado el dinero de Senasa asuma las repercusiones", expresó el clérigo. Ozoria también manifestó inquietud por el efecto de las irregularidades en la confianza de la ciudadanía en el sistema de seguridad social. "Teníamos la esperanza en el funcionamiento de la seguridad social y hoy esa esperanza la observamos tambaleante con todos estos inconvenientes del seguro de los más necesitados, Senasa", afirmó.
Onco 14 y los cargos por servicios a pacientes con cáncer
A las indagaciones vinculadas con SeNaSa se añadió posteriormente 'Operación Onco 14', un proceso relacionado con anomalías en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Entre los acusados se encuentran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato. El tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Lora Cruceta y Guzmán, mientras Vargas Sánchez fue puesta bajo arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, la investigación abarca maniobras de fraude clínico y farmacéutico, incluyendo cambios en indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos. El expediente atribuye a Lora Cruceta, Vargas Sánchez, Guzmán y entidades asociadas una apropiación de RD$148.6 millones. Adicionalmente, el Ministerio Público ha indicado que el Instituto Oncológico Regional del Cibao gestionó aproximadamente RD$3,700 millones procedentes de SeNaSa.
SeNaSa presenta Ultra en medio de los procesos judiciales
En medio de este contexto judicial, SeNaSa presentó el 12 de agosto de 2026 SeNaSa Ultra, un nuevo plan complementario que incorpora más de 800 servicios adicionales a los contemplados actualmente en el Plan de Servicios de Salud (PDSS). El producto brinda una cobertura de hasta RD$4 millones anuales para servicios de alto costo, cirugía robótica en situaciones específicas, cobertura ambulatoria y de hospitalización al 100%, sin límites, además de una cobertura extraordinaria para terapias vinculadas con el neurodesarrollo. La institución comunicó que el plan tendrá una prima fija, lo que significa que el costo no se incrementará con la edad del afiliado. Simultáneamente, anunció mejoras en los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, en conformidad con el nuevo PDSS. SeNaSa señaló, además, que cuenta con una red de aproximadamente 12,000 proveedores de servicios de salud distribuidos en todo el territorio nacional. El lanzamiento forma parte de la estrategia presentada por la institución durante su 24.º aniversario para ampliar su oferta y fortalecer las coberturas disponibles para sus afiliados. Y, en ese sentido, para que esa iniciativa reciente pudiera estar dotada de la suficiente transparencia se debe establecer claramente la modalidad de selección de los distintos proveedores, su experiencia en el tipo de servicio, los beneficiarios identificados uno por uno, fechas de los procedimientos, lugares, tiempo o duración; número para las reclamaciones, responsables, entre otros.
