La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF) y sus aliados han solicitado a las autoridades dominicanas intensificar la supervisión de las normas que rigen la manufactura e instalación de estructuras metálicas. Argumentan que el respeto de los estándares de seguridad y la garantía de una competencia equitativa son fundamentales. Esta iniciativa busca proteger la vida de los ciudadanos y asegurar un entorno de mercado justo para la industria nacional.
La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF), en conjunto con otros sectores vinculados, ha instado a las autoridades a fortalecer la implementación de las regulaciones que rigen la producción y montaje de estructuras metálicas en el país. Consideran que el acatamiento de los estándares de seguridad y la igualdad de condiciones en la competencia son prioridades ineludibles. Esta organización, que agrupa a más de veinte empresas, afirmó que toda estructura metálica destinada a ser colocada en territorio dominicano, independientemente de su origen, debe adherirse a los reglamentos técnicos, certificaciones y controles de calidad establecidos por la normativa nacional.
La Coalición recordó que la República Dominicana se encuentra en una región de elevada actividad sísmica y expuesta al paso de huracanes, por lo que el cumplimiento de las normativas resulta esencial para mitigar riesgos y salvaguardar vidas. “Una estructura metálica cumple con los requerimientos técnicos o no los cumple. En el ámbito de la seguridad, no existen puntos intermedios”, enfatizó el sector, señalando que cada componente estructural debe poseer la documentación y las certificaciones que demuestren la observancia de los estándares fijados por la legislación dominicana.
Entre las disposiciones mencionadas se encuentran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, el Reglamento R-027 para el Diseño y Fabricación de Estructuras de Acero y el Reglamento R-028 sobre Cargas para Edificaciones, además de las leyes 160-21 y 687-82. Los fabricantes nacionales indicaron que deben cumplir con requisitos como la licencia de construcción, planos firmados, la figura del ingeniero corresponsable, informes de pruebas de molino (mill-test reports), certificaciones de soldadura y verificaciones de calidad. A su juicio, esos mismos controles deben aplicarse a las estructuras que se importan al territorio nacional.
La Coalición también citó un informe técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), elaborado a partir de establecimientos comerciales inspeccionados por el MIVHED durante los operativos de 2024-2025. Según el documento, las edificaciones cuyas estructuras carecen de la certificación técnica adecuada y no cumplen con los requisitos constructivos establecidos por la normativa dominicana presentan una probabilidad estimada de daño del 70 % frente a un sismo de intensidad moderada. Ante esta situación, el sector considera indispensable reforzar los mecanismos de verificación antes de permitir la entrada e instalación de este tipo de estructuras en el país.
Además de la seguridad, la Coalición expresó preocupación por las condiciones de competencia que enfrenta la industria nacional frente a la entrada de estructuras metálicas prefabricadas a precios que, según señalan, dificultan la capacidad de los fabricantes dominicanos para competir en igualdad de condiciones. Las empresas del país, explicó, invierten en personal cualificado, tecnología, certificaciones y controles de calidad, además de cumplir con sus obligaciones fiscales y legales. Por ello, consideran que la entrada de productos con costos considerablemente más bajos, sin la certeza de que hayan superado las mismas exigencias técnicas y regulatorias, puede generar distorsiones en el mercado.
La industria dominicana de estructuras metálicas está conformada por aproximadamente 60 empresas manufactureras y genera alrededor de 5,000 empleos directos y más de 15,000 indirectos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Coalición. El sector resaltó su contribución a la economía nacional y al progreso de la industria de la construcción. Para apoyar condiciones de competencia justas, el país dispone de instrumentos como la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia y la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. También existen mecanismos de coordinación a través de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal, liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La Coalición reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de los procesos de inspección, certificación y cumplimiento de las normativas vigentes. El sector sostuvo que garantizar la seguridad de la población y preservar una industria nacional competitiva son objetivos que deben desarrollarse de manera conjunta. “La seguridad ciudadana no admite excepciones y la competencia solo puede ser verdaderamente libre cuando todos los participantes cumplen las mismas reglas”, afirmó la organización.
