El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo ha alertado sobre una drástica reducción en la inversión para infraestructura educativa, cayendo un 67% entre 2014 y 2025, junto con una disminución del 77% en la entrega de aulas. Esta situación, revelada a pocos días del inicio del año escolar 2026-2027, genera preocupación por las condiciones inadecuadas de numerosos centros educativos y la falta de recursos, lo que llevó a la presentación de una resolución para interpelar al ministro de Educación.
El legislador de la Fuerza del Pueblo, Germán Martínez, señaló que la asignación de fondos para edificaciones escolares se contrajo cerca de un sesenta y siete por ciento entre los años 2014 y 2025, mientras que el número de salones de clase entregados decreció aproximadamente un setenta y siete por ciento en el mismo lapso. Martínez añadió que, en lo que va del año 2026, no se han habilitado ni siquiera seiscientas aulas. Esta declaración fue hecha por la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo al manifestar inquietudes sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo a escasos días del comienzo del ciclo lectivo 2026-2027, programado para el veinticuatro de agosto próximo.
“Hoy denunciamos que numerosos centros educativos del país no se encuentran en condiciones apropiadas para recibir a los estudiantes. Nos encontramos con escuelas deterioradas, construcciones sin terminar, falta de mantenimiento, problemas de salubridad, sobrepoblación estudiantil y una preocupante escasez de salones y educadores”, manifestó el congresista.
En este contexto, la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo presentó una resolución ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para solicitar la interpelación del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.
El portavoz del bloque, José David Báez, explicó que la petición se relaciona, entre otros aspectos, con la transferencia de dos mil millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Educación al Poder Ejecutivo. Los legisladores también identificaron como obstáculos para el inicio del período escolar los atrasos en el pago de incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, los reclamos de ingenieros contratistas por certificaciones pendientes y las demandas salariales del personal de apoyo de las escuelas públicas, cuyos ingresos, según indicaron, fluctúan entre once mil y trece mil pesos mensuales.
El grupo opositor solicitó el pago de los incentivos adeudados a los profesores, un plan de construcción, finalización y reparación de instalaciones escolares, y la aplicación de la Ley 16-26 para acelerar los pagos a los contratistas de obras educativas.
Martínez afirmó, además, que la administración actual heredó setecientos once centros pendientes de conclusión debido al llamado “nudo legal”, que posteriormente dio origen a la Ley 118-21 para facilitar la terminación de dichas obras. Según el diputado, hasta julio de 2026 se habían finalizado menos de doscientos cincuenta de esos establecimientos educativos, por lo que la mayoría seguía sin concluir.
Entre los centros mencionados por los legisladores se encuentran las escuelas Don Pedro Tapia y Entrada de La Zanja, así como los liceos El Guanito y Magdalena, en Higüey, cuyos procesos de edificación, aseguraron, llevan varios años sin finalizar. También señalaron que en Santo Domingo Norte existen veinticinicinco centros educativos iniciados antes de 2020 que permanecen inconclusos, entre ellos Los Guaricanos I, II y III, Cristo Obrero, Emiliano Tardif y Braulia de Paula. En San Juan, indicaron que dieciséis establecimientos siguen pendientes, incluidos los liceos de Mogollón, Ramón María Mateo Ledesma y Roberto Ogando Pérez, en Las Matas de Farfán.
Los diputados mencionaron además las escuelas Profesora Juana Dolores y Olimpia Acevedo, así como el Liceo Juana Fernández, en La Vega; el Liceo Los Derrumbaderos y la Escuela Agua de Luis, en Guayubín, Monte Cristi; y la Escuela Batey Margarita y el Centro Antonio Paredes Mena, en Consuelo, San Pedro de Macorís. Asimismo, denunciaron problemas de higiene en la Escuela Joaquín Balaguer, en Villa Hermosa, La Romana, donde señalaron la existencia de baños obstruidos y filtraciones.
Entre otros centros pendientes de intervención mencionaron la Escuela Básica Sainaguá, la Escuela 27 de Febrero, en el kilómetro 3½; la Escuela Básica La Sabana de Hatillo; el Liceo Villegas; el Liceo Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, y la Escuela Básica Juan Abad Lara. Sobre este último centro, los legisladores afirmaron que se necesitan nuevas aulas debido a que los estudiantes reciben instrucción en espacios como el comedor, la biblioteca y la sala de profesores.
La bancada de la Fuerza del Pueblo sostuvo que mantendrá un seguimiento constante a las condiciones de la infraestructura educativa y a las acciones implementadas por las autoridades antes del inicio del nuevo período escolar.
