El Consejo Permanente de la OEA se prepara para una reunión urgente de cancilleres del continente, impulsada por Estados Unidos y diversas naciones, para abordar la situación política y electoral en Nicaragua. Esta iniciativa surge tras las reformas constitucionales propuestas por el gobierno nicaragüense, que buscan extender el mandato presidencial y excluir a opositores de las elecciones, generando preocupación internacional. A pesar de las objeciones de Brasil, que considera la medida prematura, el proyecto cuenta con el apoyo necesario para su aprobación.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se dispone a decidir sobre la convocatoria apremiante de los ministros de asuntos exteriores del continente para tratar la coyuntura política y electoral de Nicaragua. Esta propuesta, impulsada por Estados Unidos y varios países de la región, afronta el rechazo de Brasil.
La iniciativa surge después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara en julio que su administración no permitiría nuevas elecciones que pudieran abrir el camino a la oposición. Posteriormente, el Poder Ejecutivo promovió una enmienda constitucional que busca extender de seis a siete años el período presidencial y excluir de los procesos electorales a individuos considerados por el oficialismo como “traidores” o vinculados a intentos de golpe de Estado.
La reforma está programada para ser conocida en septiembre y ha generado inquietud entre gobiernos y organizaciones internacionales debido a sus implicaciones para la participación política y la celebración de elecciones competitivas en Nicaragua. Ante este panorama, Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago respaldaron un proyecto de resolución para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Esta reunión tiene como objetivo analizar la situación nicaragüense y las posibles acciones de la organización. La OEA ya había convocado el pasado 5 de agosto una sesión especial de su Consejo Permanente para discutir la situación de Nicaragua y un primer borrador para reunir a los ministros de Exteriores. Conforme a las normas del organismo, corresponde al Consejo Permanente decidir, por mayoría absoluta, si convoca un encuentro de esta índole.
La iniciativa puso de manifiesto discrepancias entre los Estados miembros. Mientras Estados Unidos y otros gobiernos consideran esencial elevar la discusión al nivel de los cancilleres, Brasil sostiene que ese mecanismo podría resultar prematuro y dificultar posibles vías de diálogo con Managua. Durante las deliberaciones previas, la ministra consejera de la Embajada de Brasil ante la OEA, Thaís Mesquita Candia Pecoraro, admitió que Nicaragua atraviesa una crisis política con graves repercusiones sobre los derechos humanos.
Sin embargo, cuestionó que la situación sea abordada como una amenaza para la seguridad regional. La representante brasileña también rechazó que la migración provocada por la crisis nicaragüense sea tratada desde una perspectiva de seguridad y advirtió que una reunión de cancilleres, bajo los términos planteados inicialmente, podría intensificar las tensiones y complejizar el diálogo con Nicaragua.
Tras las diferencias surgidas durante las primeras negociaciones, los países promotores modificaron el proyecto de resolución. La nueva redacción plantea convocar de manera urgente a los ministros de Relaciones Exteriores para “considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, tomando como referencia la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
El texto también encarga a la Presidencia del Consejo Permanente, con el apoyo de la Secretaría General, preparar el temario y las reglas que regirían la eventual reunión ministerial. A pesar de las modificaciones, Brasil mantiene sus objeciones a la convocatoria. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible este martes, el proyecto cuenta con respaldo suficiente entre los Estados miembros para avanzar hacia su aprobación.
Si el Consejo Permanente aprueba finalmente la iniciativa, la reunión de cancilleres está prevista para el próximo 26 de agosto, aunque esa fecha todavía depende de la decisión formal del organismo.
