La Unión Nacional de Empresarios (UNE) ha propuesto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) implementar un sistema de fiscalización tributaria que considere el tamaño y el historial de riesgo de cada contribuyente. Esta iniciativa busca evitar cargas desproporcionadas, especialmente para las pequeñas empresas, y optimizar los controles basándose en el comportamiento fiscal. Además, se planteó la necesidad de simplificar trámites administrativos y agilizar procesos clave para el capital de las compañías.
En Santo Domingo, las empresas argumentan que los controles tributarios no deberían ser uniformes, sino que deben adaptarse a su magnitud, organización y trayectoria fiscal. Con esta premisa, la Unión Nacional de Empresarios (UNE) sugirió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que utilice el historial y la clasificación de peligro de cada aportante para determinar la concentración de sus revisiones.
Esta propuesta fue presentada por Julio García Batista, presidente de la UNE, durante una reunión de negocios con Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, director general de la DGII. En dicho encuentro, el sector privado también hizo hincapié en la importancia de disminuir las obligaciones administrativas y evitar que ciertos compromisos fiscales consuman recursos esenciales para la continuidad de las operaciones.
La organización sostiene que una gran corporación y una pequeña empresa familiar poseen realidades económicas y de gestión diferenciadas. Por lo tanto, aplicarles métodos de fiscalización idénticos podría generar una presión excesiva para los negocios de menor escala.
“Con información más precisa y criterios más equitativos, la DGII puede ser más rigurosa con quienes incumplen y más expedita con quienes ya demuestran un buen desempeño fiscal”, explicó García Batista.
La iniciativa sugiere que elementos como el historial de cumplimiento, el tamaño de la entidad, la naturaleza de la actividad comercial y otros indicadores objetivos sean considerados para establecer el nivel de supervisión correspondiente a cada contribuyente.
El objetivo de este planteamiento es que la tecnología disponible en la Administración Tributaria permita identificar con mayor exactitud dónde existen mayores probabilidades de incumplimiento, en vez de imponer una carga semejante a empresas con comportamientos fiscales dispares.
La UNE también solicitó revisar las retenciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para que se ajusten al nivel de riesgo de cada contribuyente, y adecuar los anticipos del Impuesto sobre la Renta al rendimiento real de las empresas a lo largo del año. A esto se suma la petición de acelerar la devolución y compensación de los saldos a favor, ya que estos fondos pueden permanecer inmovilizados por meses, restringiendo el capital disponible para las actividades empresariales.
Este asunto es particularmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que, según datos citados por la organización, constituyen el 98.7 % del entramado empresarial formal del país. Para estos negocios, la disponibilidad de liquidez puede ser crucial para adquirir inventario, cumplir obligaciones y conservar puestos de trabajo.
Durante la reunión, Urrutia Sangiovanni resaltó los avances de la DGII en materia de simplificación. Informó que la institución incrementó de 33 a 68 los trámites simplificados en menos de dos meses y tiene otros 88 en fase de transformación. El funcionario detalló que la Administración Tributaria gestiona actualmente 421 trámites, de los cuales 156 han sido simplificados o están en revisión, lo que representa el 37.1 % del catálogo institucional.
Para la UNE, este proceso de transformación puede complementarse con un modelo de fiscalización basado en datos, especialmente con el progreso de la facturación electrónica, que ya cuenta con más de 80,000 contribuyentes emisores. La organización propuso que la información que la DGII recibe electrónicamente sea utilizada para reducir la cantidad de datos que las empresas deben presentar de forma reiterada a través de diversos procedimientos.
El debate también se vincula con uno de los desafíos principales del sistema tributario dominicano: expandir la base de contribuyentes y disminuir el incumplimiento. La UNE mencionó que la informalidad laboral se mantuvo en alrededor del 54 % durante 2025 y que estudios recientes ubican el incumplimiento del ITBIS por encima del 36 %.
Desde la perspectiva del sector empresarial, una fiscalización más específica permitiría concentrar los recursos de la Administración Tributaria en los contribuyentes que muestran mayores indicios de riesgo, al tiempo que se reducen las cargas para aquellos que mantienen un comportamiento fiscal consistente.
“Ninguna de estas ideas significa menos supervisión”, afirmó García Batista, defendiendo que una Administración Tributaria con mayor información puede fortalecer la fiscalización y, a la vez, simplificar la interacción con quienes cumplen.
La UNE considera que este enfoque también podría favorecer la formalización, ya que el ingreso de nuevas empresas al sistema y el cierre de oportunidades de evasión ampliarían la base tributaria sin depender exclusivamente de una mayor presión sobre los contribuyentes ya existentes.
La organización reafirmó su disposición a colaborar con la DGII en una agenda de simplificación, formalización y eficiencia tributaria, con el fin de que el nivel de control se ajuste cada vez más al comportamiento y al riesgo de cada entidad.
