Un tribunal ha dictaminado tres meses de prisión preventiva para un cabo policial, acusado de causar la muerte a una adolescente de 14 años en Santo Domingo Este. La decisión se tomó tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, que vinculan al agente con el suceso ocurrido el 6 de septiembre en el sector Mendoza. El imputado, Edwing de los Santos Guerrero, deberá cumplir la medida en el CCR de San Pedro de Macorís.
Luego de examinar diversas pruebas presentadas por la fiscalía, una corte ha ordenado tres meses de detención provisional para un agente de la policía, señalado como responsable del deceso de una menor. El incidente tuvo lugar el 6 de septiembre en la zona de Mendoza, dentro del municipio de Santo Domingo Este. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso esta medida coercitiva al cabo Edwing de los Santos Guerrero, quien está siendo procesado por la muerte de la joven de catorce años.
La investigación, a cargo de la fiscal Dahiana E. Castillo Antigua, sugiere que la adolescente falleció mientras ambos se encontraban en la residencia del acusado, y que fueron sus padres quienes alertaron a las autoridades. El fallecimiento de la joven ocurrió a causa de una lesión por proyectil de arma de fuego, con punto de entrada en el arco ciliar derecho y salida en la zona temporal derecha, según consta en el acta de levantamiento de cadáver número 117830.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se aplicara la prisión preventiva como medida de coerción. El fiscal litigante Florentino Sánchez Zabala presentó ante el tribunal suficientes elementos probatorios que conectan al imputado con los hechos acontecidos. El caso ha sido clasificado jurídicamente de manera provisional como una violación a los artículos 46, 91 y 92 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley 74-25), así como al artículo 396, literales b y c, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La jueza Karen Casado Minyety estableció que la medida de coerción se cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
