El abogado Miguel Surún Hernández ha expresado su apoyo a las medidas de coerción en el caso SeNaSa 2.0-A, pero ha manifestado su preocupación por la aparente limitación del proceso judicial. Hernández insta al Ministerio Público a extender las investigaciones para incluir a empresarios, políticos y otras personas que, según sus declaraciones, habrían recibido fondos relacionados con el presunto desfalco del Seguro Nacional de Salud.
El letrado Miguel Surún Hernández, en sus declaraciones de este viernes, manifestó su conformidad con la aplicación de medidas de coerción a los implicados en el expediente SeNaSa 2.0-A. Sin embargo, criticó que la investigación se concentre en ciertos acusados y demandó al Ministerio Público que examine a empresarios, aspirantes políticos y otros individuos que, a su juicio, podrían haber recibido fondos vinculados al supuesto fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Hernández argumentó que la ciudadanía exige una pesquisa imparcial y desestimó lo que él considera un proceso diseñado para proteger a los verdaderos artífices del presunto desfalco. En este contexto, mencionó específicamente al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y sugirió que el expediente podría estar vinculado a un proceso presentado en diciembre, con el fin de evitar su encarcelamiento. “Una cosa es eso y otra cosa es que uno permita que se le intente coger de tonto con un proceso coartada de Santiago Hazim”, declaró el abogado, añadiendo que, desde su óptica, no se puede permitir que el caso se circunscriba a los actuales encausados.
El jurista también exigió que la Fiscalía impute a los candidatos que, según sus señalamientos, obtuvieron dinero de SeNaSa, así como a empresarios relacionados con acuerdos de Farmacar. Mencionó a Alfredo Carinver, a quien atribuyó la firma de un contrato por 2,200 millones de pesos, y preguntó si este había sido presentado ante la justicia. De igual forma, cuestionó que no se haya procesado, según sus afirmaciones, a Pablo Ortiz Giraldez, a quien identificó como el presunto cerebro de la operación; a Lower Fernández Whimper, a quien asoció con la representación de Del Este; y a otros actores que, según sostuvo, habrían recibido dinero.
Hernández estimó en casi 5,000 millones de pesos el monto total relacionado con las irregularidades que ha señalado. “¿Y esta sociedad entonces va a atragantarse el hecho de que 40 millones de pesos es suficiente y que ya terminamos? ¡No!”, exclamó el abogado, quien demandó que las indagaciones abarquen a todos los posibles participantes y no únicamente a aquellos que figuran en el legajo actual.
Hernández aseveró que, conforme a la percepción de un sector de la sociedad al que dijo representar, el proceso buscaría encubrir a quienes habrían manejado sumas de dinero más elevadas. No obstante, sus afirmaciones corresponden a su interpretación del caso y deberán ser cotejadas con las evidencias, las acusaciones formales y las actuaciones del Ministerio Público.
