La República Dominicana ha experimentado una notable reducción del 40% en los embarazos adolescentes durante los últimos cuatro años, pasando de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025. Este logro ha sido reconocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha elogiado la política nacional implementada como una de las estrategias más prometedoras de la región para abordar esta problemática.
En República Dominicana, el número de embarazos en adolescentes ha mostrado una tendencia decreciente constante, disminuyendo de 27,476 situaciones en 2021 a 16,481 en 2025, lo que representa una baja de aproximadamente el 40%. Simultáneamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha identificado la estrategia nacional para abordar esta cuestión como una de las "prácticas prometedoras" en la zona.
Los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondientes al segundo trimestre de 2026, también indican 137 casos menos que en el mismo periodo de 2025, lo que se traduce en una reducción del 3.91%. Esta disminución se ha logrado en el marco de la aplicación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA).
En su informe titulado Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: De los datos a la acción pública, la CEPAL subraya la PPA como una iniciativa sobresaliente debido a su coordinación interinstitucional, su enfoque territorial y la asignación de recursos específicos para su desarrollo. El organismo destaca la colaboración entre el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), junto con la instauración de una Unidad Técnica de Gestión encargada de supervisar y armonizar las actividades de las diversas entidades implicadas.
Otro aspecto relevante mencionado es la concentración de las intervenciones en zonas con mayores índices de uniones a temprana edad, embarazos adolescentes y violencia, incluyendo localidades como Azua, Boca Chica y San Juan. El informe también enfatiza que la estrategia busca superar la fragmentación de iniciativas a través de una política nacional con metas proyectadas hasta 2030, un presupuesto protegido y metodologías consolidadas.
La evolución de las cifras y el reconocimiento internacional posicionan la disminución de los embarazos adolescentes como uno de los indicadores clave para medir la efectividad de esta política pública, si bien la reducción sostenida dependerá de la continuidad de las acciones de prevención y atención en las áreas priorizadas.
