El representante legal de uno de los acusados en el caso Senasa 2.0-A ha expresado su desacuerdo con los pactos logrados por la fiscalía con nueve de los implicados. Argumenta que la forma en que se ha procedido con los demás imputados no refleja una búsqueda de justicia imparcial, y que algunos de los acusados restantes, incluyendo médicos, no tendrían relación con los hechos investigados, a pesar de las severas medidas solicitadas para ellos.
El letrado Santos William Liriano, quien defiende a uno de los individuos señalados en el expediente Senasa 2.0-A, ha puesto en tela de juicio los entendimientos alcanzados por la procuraduría con nueve de los involucrados. A su juicio, el trato dispensado al resto de los acusados no se alinea con una persecución penal equitativa.
Liriano explicó que, en un principio, el ente acusador tenía la intención de negociar con diez imputados, pero al final solo nueve llegaron a un consenso. Para los demás, se pidió prisión preventiva y que el procedimiento fuera declarado complejo. “De esta manera no se lleva a cabo una persecución ni una administración de justicia imparcial”, manifestó el abogado, quien afirmó que los acusados que no llegaron a acuerdos también han mostrado disposición a cooperar con el Ministerio Público, sin que esto signifique, según su explicación, que hayan admitido culpabilidad penal.
El defensor también censuró que se mantenga el mismo esquema para los 26 imputados restantes, y sostuvo que algunos profesionales de la medicina incluidos en el proceso no guardarían relación con los sucesos investigados. Liriano igualmente se refirió al desistimiento de una querella por parte de una entidad dirigida por el jurista Trajano Vidal Potentini, y aseveró que dicha fundación habría solicitado al juez que actuara con benevolencia hacia los médicos que, según su postura, no tendrían conexión con las irregularidades bajo investigación.
Estas declaraciones forman parte de los argumentos presentados por la defensa durante la fase de medida de coerción, por lo que las afirmaciones sobre la participación o no de los imputados deberán ser establecidas a partir de las evidencias y las resoluciones del tribunal.
