El presidente Luis Abinader presidió un encuentro clave sobre la reforma penitenciaria, donde se anunció el desarrollo de nueve nuevos centros de reclusión. Los complejos de Higüey y Barahona ya están finalizados, mientras que otros progresan en distintas etapas. Este esfuerzo busca modernizar el sistema y mejorar las condiciones carcelarias en el país.
En Santo Domingo, el presidente Luis Abinader lideró el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Durante el evento, Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, informó que el Gobierno está trabajando en nueve establecimientos carcelarios; los de Higüey y Barahona ya están operativos, y los demás se encuentran en diversas fases de construcción.
En la reunión, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, Santana detalló que los proyectos pendientes incluyen la edificación de la cárcel de San Juan, la cual requerirá un nuevo proceso de licitación; las obras en Hato Mayor y Neiba; la restauración del centro de Salcedo; y la elección de un terreno para construir otro recinto en la provincia Independencia.
Respecto al centro penitenciario de San Juan, el presidente Abinader explicó que la construcción original presentó fallas estructurales. Una evaluación técnica recomendó detener los trabajos bajo esas condiciones. El mandatario señaló que se necesitará reforzar la infraestructura y lanzar una nueva licitación, ya que el costo de las modificaciones excedía el límite legal del 25 %.
Abinader también se refirió al complejo carcelario de Las Parras, cuya finalización ha implicado una inversión superior a los RD$2,000 millones, a pesar de que aún quedan tareas pendientes. «Es importante destacar que recibimos Las Parras y lo que ya estaba listo nos ha llevado a invertir más de dos mil millones de pesos para realmente terminarla. Y no está completa; aún falta mucho, porque se suponía que solo había que pintarla», manifestó el mandatario.
La población carcelaria disminuye, según Santana
Durante su intervención, Santana comunicó que el número de internos en el país disminuyó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026, lo que representa una reducción de 1,987 privados de libertad, aproximadamente un 7.2 %. El funcionario atribuyó parte de estos resultados a las medidas implementadas en el sistema penitenciario y destacó que, durante 2025, los 180 abogados de la Defensa Pública consiguieron la liberación de unas 5,000 personas mediante los procedimientos judiciales en los que intervinieron.
«Busquen en Latinoamérica qué sistema penitenciario está reduciendo su población. El único que está disminuyendo es el de República Dominicana», aseveró Santana. El director también indicó que la reforma continuará con el apoyo de cerca de 700 organizaciones y ciudadanos que forman parte de las estructuras provinciales de respaldo. Asimismo, aseguró que la lucha contra la corrupción en los centros penitenciarios es una prioridad y mencionó la remoción de 128 agentes policiales del sistema, además de las auditorías realizadas en las instalaciones carcelarias.
La Victoria busca reducir su población a menos de mil internos
Como parte del proceso de clausura de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, Santana informó que el centro ha pasado de albergar aproximadamente 7,600 privados de libertad en 2020 a unos 1,900 en 2026. La meta de las autoridades es disminuir esa cifra a menos de mil internos antes de que termine el año, a través de un proceso de traslado paulatino y organizado hacia otras instalaciones.
Santana explicó que cada traslado se realizará después de evaluar individualmente la situación de las personas privadas de libertad, para evitar complicaciones administrativas y judiciales. Una vez desocupada la instalación, el Gobierno planea desarrollar en sus terrenos una Ciudad Educativa, que incluiría universidades, centros politécnicos, oficinas gubernamentales, áreas temáticas y una estación del teleférico. El proyecto se ubicaría en un terreno de más de 200,000 metros cuadrados.
Salud mental y nuevos documentos para la reforma
Santana resaltó que ya opera un primer espacio de atención a la salud mental en el centro penitenciario de Najayo, mientras se trabaja para establecer otros servicios similares. Durante el encuentro también se presentaron documentos relacionados con la implementación de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria 2024-2027.
Entre ellos se incluyen una propuesta de reglamento de carrera penitenciaria, la actualización del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y una propuesta de reglamento general para aplicar las leyes vinculadas al sistema. El mandatario recibió, además, una guía internacional de construcción penitenciaria entregada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de servir como referencia para mejorar la infraestructura de los centros y fortalecer los programas de rehabilitación. El Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales recibió 6,300 textos especializados de organismos internacionales para apoyar la capacitación de su personal.
Defensa Pública advierte que persisten el hacinamiento y las precariedades
Durante la actividad, Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, entregó al presidente Abinader un informe sobre las condiciones de detención y prisión en República Dominicana. El documento contiene observaciones y recomendaciones sobre alimentación, salud e infraestructura carcelaria.
Valentín Santos reconoció los esfuerzos realizados, pero advirtió que aún existen condiciones deficientes y niveles de hacinamiento en varios centros, lo que obstaculiza la rehabilitación y reinserción social. También instó al Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, autoridades penitenciarias y organizaciones de la sociedad civil a mantener la coordinación para avanzar en la reforma. «Como Estado social y democrático de derecho, debemos asegurar la protección efectiva de estos derechos», manifestó.
Las autoridades reiteraron que la transformación del sistema penitenciario continuará, aunque reconocieron que persisten desafíos relacionados con la infraestructura, el hacinamiento y las condiciones de reclusión.
