El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Viktorovich Seredin, se reunió con familiares de dominicanos que, según denuncian, habrían sido incorporados a las fuerzas armadas rusas para participar en la guerra contra Ucrania. Las madres entregaron al diplomático información sobre los presuntos reclutados, solicitando una investigación sobre las circunstancias de su llegada y alistamiento. Esta situación coincide con reportes de la ONU sobre redes de trata de personas que engañan a extranjeros para el servicio militar.
El embajador de la Federación Rusa en República Dominicana, Alexey Viktorovich Seredin, sostuvo un encuentro este lunes con progenitoras y parientes de ciudadanos dominicanos que se encuentran en territorio ruso y que, conforme a las acusaciones de sus allegados, habrían sido enrolados en las fuerzas armadas de ese país para tomar parte en la guerra contra Ucrania. Durante la reunión, las madres entregaron al representante diplomático una comunicación que contenía datos de cientos de dominicanos supuestamente reclutados por el Ejército ruso, con el objetivo de que las autoridades indagasen las condiciones en las que llegaron a esa nación y las circunstancias bajo las cuales habrían sido integrados a las filas militares. Este cónclave se produjo en medio de la inquietud de las familias dominicanas por la situación de sus seres queridos, ante las acusaciones de posibles fraudes, intimidaciones y dificultades para abandonar las fuerzas militares rusas.
El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Viktorovich Seredin, afirmó que la misión diplomática no ha recibido una petición formal relacionada con los dominicanos que supuestamente están participando en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Seredin explicó que la embajada ha recibido algunas informaciones a través de correos electrónicos, pero señaló que los detalles están incompletos, ya que faltan imágenes, fechas de nacimiento y nombres que posibiliten la plena identificación de las personas involucradas. El diplomático indicó que un delegado de la embajada se había comprometido la semana anterior a suministrar datos adicionales sobre esos ciudadanos, pero sostuvo que hasta el momento esa información no ha sido entregada. Respecto a la posibilidad de gestionar el regreso de los dominicanos que están en Rusia, explicó que las autoridades de ese país tendrían que analizar cada caso y considerar la voluntad y la situación específica de cada individuo. Asimismo, aseguró que, si la Cancillería dominicana presenta formalmente las solicitudes correspondientes, la parte rusa estaría dispuesta a cooperar para encontrar una solución que permitiese el retorno de los ciudadanos. El embajador añadió que actualmente no posee una cifra exacta de dominicanos en esa situación. «La parte rusa está dispuesta a examinar todos los casos específicos y hallar, de manera conjunta, la solución», manifestó Seredin durante una entrevista en el programa El Día.
La situación denunciada por las familias dominicanas coincide con los hallazgos de un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que documentó redes de tráfico de personas que presuntamente reclutaban mediante engaños o coacción a ciudadanos extranjeros, incluyendo dominicanos, para incorporarlos a las Fuerzas Armadas de Rusia y enviarlos a combatir en la guerra contra Ucrania. El informe, identificado como A/81/440 y con fecha del 19 de octubre de 2026, establece que ciudadanos de República Dominicana, Colombia y Perú recibían instrucciones de agencias de reclutamiento para viajar sin visado y utilizar documentos que presentaban sus desplazamientos como viajes turísticos a Turquía o Rusia, aunque formarían parte de mecanismos de captación para el servicio militar. El documento, presentado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, examinó el reclutamiento de ciudadanos provenientes de 48 países y encontró pruebas de captación mediante engaño o coacción en 29 naciones. Según los investigadores, los intermediarios gestionaban pasajes aéreos, alojamientos y otros trámites para trasladar a los extranjeros hacia territorio ruso. En algunos casos, los viajes incluían escalas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. La comisión también identificó coordinación entre intermediarios que operaban en los países de origen, agentes encargados del traslado y estructuras que recibían a los extranjeros en Rusia.
De acuerdo con el informe, una vez en Rusia, algunos extranjeros eran llevados a alojamientos temporales y posteriormente entregados a estructuras militares, donde debían firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso para prestar servicio durante un año. Los investigadores señalaron que muchos de esos documentos estaban redactados exclusivamente en ruso, un idioma que los afectados no comprendían. También documentaron denuncias de personas a quienes les habrían quitado sus teléfonos celulares, pasaportes y licencias de conducir, lo que dificultaba la comunicación con sus familiares y limitaba sus posibilidades de abandonar las instalaciones. Entre los testimonios recogidos figuran amenazas de muerte contra quienes se negaban a firmar los contratos o intentaban escapar. El documento también expone casos de extranjeros que habrían recibido entrenamientos de apenas 20 minutos antes de ser enviados a zonas de combate, donde debían realizar tareas como cavar trincheras, transportar suministros, recuperar cadáveres y participar en operaciones militares. La comisión documentó, además, denuncias de golpes, castigos, amenazas y vigilancia para impedir que algunos soldados retrocedieran durante las operaciones. También recogió testimonios sobre muertes, desapariciones, heridas y capturas de extranjeros poco después de su despliegue.
Las denuncias sobre dominicanos presuntamente reclutados para la guerra ya habían sido expuestas por el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera, mediante una serie de reportajes que recogieron testimonios de ciudadanos atraídos por supuestas ofertas laborales. Las investigaciones periodísticas documentaron denuncias sobre contratos militares redactados en ruso, amenazas contra quienes intentaban abandonar el servicio y dificultades de los familiares para comunicarse con sus seres queridos. En una de las entregas, el equipo de N Investiga tuvo acceso a un contrato vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, que establecía un compromiso de servicio militar por un año. El documento contemplaba el cumplimiento de las normas militares, la prestación de juramento y el servicio a la Federación de Rusia. También incluía disposiciones sobre el posible reembolso de recursos destinados a la formación militar en determinadas circunstancias de salida anticipada.
Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podía implicar consecuencias penales conforme a la legislación rusa, con posibles penas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. Entre los casos expuestos por el programa figuró el de Jesús Campusano, un trabajador de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia después de responder a una oferta de empleo civil difundida a través de Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, pese a que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo. En otra investigación, cuatro jóvenes dominicanos denunciaron que habían escapado de sus presuntos reclutadores y acudieron a la Embajada dominicana en Rusia en busca de protección. Los afectados aseguraron que no habían firmado contratos para incorporarse formalmente a las Fuerzas Armadas rusas y que temían ser enviados al frente de combate. También denunciaron que continuaban recibiendo amenazas de muerte por WhatsApp y que les exigían 10,000 dólares por persona. Los jóvenes explicaron que inicialmente eran cinco los dominicanos involucrados, pero solo cuatro lograron ponerse bajo protección diplomática. Del quinto aseguraron desconocer su paradero. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que había gestionado los boletos aéreos para facilitar el regreso de los cuatro ciudadanos a República Dominicana. Sin embargo, la versión oficial de la Cancillería difirió de las denuncias de los jóvenes sobre las amenazas, al sostener que permanecieron protegidos durante la asistencia diplomática.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el 25 de septiembre una alerta sobre ofertas laborales para viajar a Rusia y exhortó a la ciudadanía a actuar con cautela ante este tipo de propuestas. La institución aseguró que brindaría asistencia consular a los dominicanos que se encontraran en situación de vulnerabilidad o riesgo. En octubre, el canciller Víctor Bisonó sostuvo que los contratos correspondientes a los casos conocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores habían sido firmados voluntariamente y estaban redactados tanto en español como en ruso. El funcionario explicó que esas relaciones contractuales imponían condiciones y limitaciones a las gestiones que podía realizar el Estado dominicano para procurar el regreso de sus ciudadanos. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas documentó casos en los que extranjeros habrían firmado contratos bajo engaño o coacción, sin comprender el idioma ni las obligaciones militares que asumían. Aunque el documento no permite determinar si examinó los mismos contratos remitidos a la Cancillería dominicana, sus hallazgos plantean interrogantes sobre las circunstancias en que algunos ciudadanos aceptaron incorporarse al Ejército ruso. La comisión también señaló que la firma de un contrato militar no elimina automáticamente la posibilidad de que una persona sea considerada víctima de trata cuando su incorporación se produjo mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad.
Tras evaluar las evidencias, la comisión internacional concluyó que se produjeron casos de trata de personas y otras violaciones de derechos humanos mediante el reclutamiento de extranjeros para combatir en Ucrania. Entre sus recomendaciones, instó a Rusia a poner fin a estas prácticas y desvincular del servicio militar a los extranjeros identificados como víctimas de trata, garantizando su protección y asistencia. También exhortó a los países de origen, incluida República Dominicana, a investigar y procesar a los responsables de estas redes, desarrollar campañas de prevención y colaborar para facilitar el retorno de sus ciudadanos. El informe añade que los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas en estas circunstancias no deben ser considerados mercenarios por ese solo hecho y que, en caso de captura, les corresponden las protecciones establecidas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra.
