El senador Antonio Taveras ha puesto en entredicho el uso de la fuerza letal, conocida como el '29', para combatir la delincuencia. El legislador exige al Senado convocar a los líderes del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional para que rindan cuentas sobre las muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos, destacando la necesidad de un Estado de Derecho y procesos judiciales adecuados.
El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, cuestionó la aplicación del llamado “29” como respuesta a la criminalidad. Asimismo, solicitó al Senado que cite a los titulares del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional para que clarifiquen los decesos ocurridos en supuestos tiroteos. Durante su intervención en el pleno, el legislador declaró: “Si la criminalidad se resuelve con el ‘29’, deberíamos cerrar los tribunales, expandir los cementerios y olvidar la reforma policial”. Con esta advertencia, rechazó la normalización de acciones que suplantan los procedimientos legales.
Taveras hizo referencia a informaciones difundidas en los medios de comunicación sobre siete personas fallecidas en solo 72 horas, que se suman a las 104 registradas entre septiembre y octubre. “Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte debe ser explicada por alguien. Y es aún más grave que nadie dé una respuesta”, expresó.
El senador criticó que no se haya atendido la petición de invitar a las autoridades al Senado para que expongan su versión de los acontecimientos. Además, exigió que se muestren las grabaciones disponibles de las cámaras de vigilancia que permitan esclarecer las circunstancias de estas muertes. Consideró que la transparencia contribuiría a fortalecer la confianza en una Policía capaz de salvaguardar a la población sin incurrir en excesos. “Lo que defendemos es un Estado de Derecho donde se proteja la vida de todos, sin distinciones”, afirmó.
El pasado 15 de octubre, el senador presentó una resolución proponiendo la convocatoria de la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que comparezcan ante el pleno del Senado y expliquen las muertes provocadas por agentes policiales y los protocolos institucionales aplicados en tales situaciones.
